Elección 2027: Lo que nadie quiere ver

Se entiende la observación selectiva de quienes pertenecen al régimen político. La negación es una manera de caminar sin angustia ni preocupación graves. La línea de la comunicación se fija en las mañanas con la presidenta Claudia Sheinbaum como protagonista. Las cuentas se vuelven cuentos, así sea en materia de seguridad, de economía y hasta de educación. Hay esmero en ver un país que no existe; la tragedia se vuelve proeza, como sucede con las trágicas cuentas del Inegi sobre la percepción de inseguridad o los dramáticos resultados de la prueba PISA.

No se entiende la manera de eludir la realidad por parte de los medios y observadores independientes de los asuntos públicos, lo que indica que el problema del escrutinio al poder no sólo remite a la oposición formal, sino también a quienes con frecuencia juzgan por encima del hombro y, como señala Luis Farías, hacen del análisis político un espectáculo, con la consecuente degradación del rigor y la seriedad en la observación.

Uno de los temas que llama la atención con el inicio formal del proceso electoral son los comicios de 2027. Como siempre, el tema electoral mueve la atención pública. La de 2027, como se ha dicho, resulta relevante porque es una aduana para el régimen, al que se le presentan tres escenarios: continuar con mayoría calificada (siempre y cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal avalen la tramposa interpretación de la sobrerrepresentación), mantener la mayoría absoluta o la pérdida de ésta.

Al menos hay tres asuntos, dos de ellos a la mayoría de comentaristas y analistas les da por ignorar. Lo que todos advierten, aunque moleste a los consejeros oficialistas, es que la singularidad de la elección venidera se da en el marco del retroceso histórico de los órganos electorales por su subordinación al régimen político. Prácticamente todos coinciden en que el INE o el Tribunal Electoral, al igual que la Corte, no son ni la sombra de los que existían en términos de autonomía. Al menos cuatro consejeros muestran independencia, pero son minoría, como en la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Las elecciones se realizarán con un órgano electoral colonizado y en su estructura organizativa sujeto a la intimidación, la falta de recursos y la amenaza de despido. El servicio civil de carrera vive su peor momento.

Se dificulta advertir que la existencia del partido gobernante, eje de la política, está en riesgo por la connivencia con el crimen organizado. No se investiga en la Fiscalía General de la República (FGR) ni en tribunales nacionales porque la impunidad se ha instalado sin pudor. El problema viene de EU y es un asunto de estricta legalidad. Las investigaciones ya judicializadas dan cuenta de que Morena sirvió para dispersar recursos del crimen. Un caso ha sido liberado: la imputación a Rocha Moya y otros nueve funcionarios, de conclusión inequívoca.

Algo se sabe de la investigación sobre el contrabando de combustible y sus vínculos con los cárteles, el fondeo de gasto electoral a través de Morena y la colusión de altos funcionarios y relevantes políticos. Acabar con el partido gobernante no requiere de sentencia, ni de mayores pruebas: la simple declaratoria como organización asociada al narcoterrorismo por parte del FinCen –unidad de lucha contra el crimen y el lavado de dinero del Departamento del Tesoro– impediría su actuación porque el sistema financiero nacional estaría impedido de operar con él y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debería proceder al bloqueo de cuentas.

Otro de los aspectos que se ignora o subestima es la nueva relación al interior de la coalición gobernante. El PVEM y PT no serán incondicionales como lo han sido desde 2018, especialmente el primero. La presidenta Sheinbaum, a través del comisario Pablo Gómez, los amenazó con excluirlos por una propuesta no consensuada de integración de Cámaras, proyecto que fracasó, llevó al relevo de la dirigencia en el partido gobernante y a la irreversible ruptura de confianza. Además, las imputaciones de Morena como narcopartido preocupan a la cúpula del Verde y obligan a mantener distancia. Es muy difícil, salvo que la excesiva trampa se imponga, que el partido guinda revierta la tendencia histórica que llevaría a la pérdida de mayoría calificada. La absoluta, hoy no la tiene.

Parece que nadie advierte que la elección de 2027 plantea retos que van más allá de los votos, la selección de candidatos y de los pronósticos frívolos de muchos encuestadores.