En el lavadero político de la 4T

La opinión pública se regocija en la crónica sobre las miserias de los personajes de la política. No es tanto su singularidad, sino su condición humana. Como señalara James Madison al razonar sobre el diseño del sistema político norteamericano y el régimen de división de poderes, los seres humanos no son ángeles, y de allí la necesidad de un gobierno de pesos y contrapesos. En realidad, todo sistema debe considerar las debilidades de las personas: el poder, el dinero y la obsesión de tener siempre la razón. El sistema democrático apuesta por las reglas y por las instituciones, no por personas.

Que el hijo de un presidente que ha presumido la pobreza como forma de ser lleve una vida desmedida merecerá la atención pública, precisamente por la distancia entre lo que se hace y lo que se predica. López Obrador llegó al poder y destruyó buena parte de las instituciones del régimen político anterior, bajo el argumento de que se trataba de acabar con la corrupción; sin embargo, hoy la sanción de la maledicencia se hace presente cuando él, los suyos y sus colaboradores no siguen la prédica moral que suscriben e imponen. El país quedó en el peor mundo: sin instituciones y con corrupción. De esta manera, la hipocresía en sus políticos se vuelve grave ofensa.

Claudia Sheinbaum ha sido consecuente con la muestra pública de austeridad. Viajar en clase turista es una cuota que paga estoicamente, aunque no deja de ser un absurdo mayúsculo; a grado tal que, en el último tercio de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador optó por el transporte ejecutivo en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. La Presidenta se autoimpone un castigo en aras de acreditar honestidad. Probidad y pobreza no son lo mismo, aunque parezca. Engaño que, lamentablemente, a muchos confunde.

Por tal consideración, los excesos de los servidores públicos son un agravio que se castiga, entretiene y alimenta el espectáculo de la vida pública. López Obrador, como seguramente será el caso de la presidenta Sheinbaum, sabe bien que la abrumadora mayoría de la élite morenista está muy lejos de la austeridad. Lo de la gobernadora de Quintana Roo, con el uso extensivo de aviones ejecutivos para actividades personales, resulta común en muchos, como también una vida privada y situación patrimonial que no coincide con sus ingresos. Sucedía en el pasado, pero antes no se predicaba la austeridad como boleto de entrada al escenario de la política. Hoy, un ingreso mayor al de la Presidenta –a quien muchas cosas no le cuestan–, un viaje en primera clase o una atención médica en un hospital privado de calidad son apostasía, anatema.

Cierto, el exceso ofende y todavía más la simulación, que da material suculento para el periodismo lavadero. El reportaje y el comentario se regocijan con estos casos: cuanto mayor es el detalle, más morbo e interés público despiertan. Sin embargo, el tema es otro: la venalidad y la impunidad que resultan de la resistencia a investigar y sancionar la corrupción que subyace en el gasto excesivo del gobernante o de sus dependientes.

El mensaje implícito de la manera como el obradorismo encara el problema de la corrupción no es sancionarla, sino castigar políticamente a quien provoca escándalo. No que roben, no que los proveedores o los interesados en decisiones de autoridad hagan partícipe al gobernante con el tradicional pellizco del diezmo, sino con una mordida del tercio, la mitad o más. La corrupción está desbordada y la ha encarecido la prédica moralista del régimen. Prácticamente, no hay gobierno estatal al margen de la venalidad ni de la ofensiva simulación de probidad.

El lavadero no es malo del todo porque, al menos, pone al descubierto el abuso; sin embargo, es indispensable ir más allá. En primer término, comprender qué propicia la corrupción, entre otras cosas, la opacidad y los valores entendidos; en segundo, la necesidad de transparencia y escrutinio público; que las autoridades investiguen el abuso, el enriquecimiento inexplicable y todo indicio de venalidad a través de órganos confiables por su profesionalismo e independencia.

No está por demás señalar que el obradorismo acabó con los avances en materia de transparencia, además del abuso de recurrir al tema de la seguridad nacional a manera de dar opacidad a lo que hacen y gastan. No menos grave ha sido la destrucción de las instancias independientes para investigar la corrupción, así como el sometimiento de fiscalías y el envilecimiento del sistema de justicia.