Maligna autocensura en el régimen de la 4T

La autocensura es el ideal de la dictadura. No asume costo alguno, ni siquiera sospecha. Además, es discreta y, en ocasiones, invisible, sobre todo cuando opera en cadena: de la empresa al editor y de allí como sugerencia comedida al periodista, conductor y opinador. El gobierno sólo requiere de tres cosas: hacer evidente que vigila y que le importa lo que se diga; demostrar que tiene dientes, esto es, manera de castigar; y dejar claro que está dispuesto a hacerlo si fuera necesario.

Bajo esta consideración deben leerse los lineamientos sobre el derecho de las audiencias. Su impacto más evidente y pernicioso es la autocensura.

La libertad de expresión vive su peor momento. El ataque viene de dos frentes. El primero es el crimen, que ha castigado gravemente –en especial en las regiones con importante presencia delictiva– a medios, reporteros, creadores de contenido, periodistas, entre otros. Su doble impacto: el castigo visible y la autocensura. Las autoridades no protegen y, a veces, son parte del brazo armado del criminal. Evidencias sobran ante la captura de los poderes locales: denuncia hay, pero no respuesta. Tan sencillo como ver el deplorable abandono de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de las fiscalías políticamente sometidas.

El otro frente viene de la política pública de los gobiernos contra el periodismo independiente. Nunca los medios y sus colaboradores habían sido tan agredidos, vilipendiados y calumniados desde la tribuna presidencial. Se usan todos los recursos, desde la difusión de datos protegidos y el empleo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) –violentando la presunción de inocencia y bloqueando ilegalmente cuentas a quienes no se someten al régimen–, hasta el asedio de la justicia electoral. Las mañaneras han sido un agresivo espectáculo contra la libertad de expresión, y ahora que se invoca el derecho de las audiencias, este espacio opera sin código de ética o defensor de la audiencia; vamos, ni siquiera se concede espacio para el derecho de réplica.

Las empresas con título de concesión siempre han operado bajo la presión propia de la discrecionalidad del gobierno; la renovación del título lleva al sometimiento. No menos es el trato, particularmente cuando el empresario en cuestión hace de la empresa de medios un recurso de gestión de otros negocios, casi siempre dependientes del favor oficial.

El estado del debate y el escrutinio público por parte de los medios revela que el gobierno se ha salido con la suya y el mejor recurso ha sido la autocensura, mientras las autoridades alardean de que ahora ya no hay gestión gubernamental para silenciar o remover periodistas. No, porque las mismas empresas oficiosamente hacen la tarea: depuran a favor del régimen su parrilla de opinión, imponen criterios editoriales y someten a los mismos colaboradores a las exigencias políticas, en ocasiones sin intervención, por el miedo del periodista a perder sus espacios.

El acuerdo presidencial no deriva del desempeño, sino del control de la comunicación y de la propaganda que circula sin contención por los medios de información. Llama la atención la facilidad con la que influyentes opinadores le cargan la mano a la oposición institucional, por su ausencia, ineficacia o falta de energía, cuando ellos mismos comparten tales insuficiencias en los espacios privilegiados de la conversación pública. Para efectos de impactar en la opinión, se quedan tan cortos como los voceros oficiales de los partidos, más allá de intervenciones singularmente lúcidas, investigaciones periodísticas de excelencia, programas de deliberación y casos ejemplares de conducción de programas de radio y TV. Falta la autocrítica; más simple, la práctica de vilipendiar al otro.

La realidad es que el régimen autoritario se ha normalizado sin resistencia significativa. La República, en su expresión democrática, ha sufrido un daño colosal. La resistencia y las dificultades que encara el régimen no derivan de la oposición formal, tampoco de la oposición social; el origen de sus problemas radica en la impunidad. Este cáncer, que corroe buena parte del aparato político, indica un fin próximo, pero peligrosamente accidentado por la destrucción de las instituciones que permiten conducir crisis extremas. No hay Congreso, Poder Judicial ni legalidad. El gobierno ha dejado de existir como tal porque su desempeño lo determina una conducción en función de un régimen político empecinado en mantenerse, a toda costa, en el poder.

Para concluir, no es casual que los espacios de deliberación y crítica más genuinos se ofrezcan en el ámbito digital o por conductores con capacidad para sobreponerse a la maligna autocensura.