Ernesto Ruffo: preso político

“Repito, si él demuestra que no estaba involucrado en esto, pues actuarán los jueces...”.

Claudia Sheinbaum

El 27 de septiembre de 2023, el senador Robert Menendez compareció ante una corte federal de Manhattan, Nueva York, para conocer la acusación formulada en su contra por el Gobierno federal de Estados Unidos, encabezado entonces por su compañero de partido, Joe Biden. La indagación fue realizada por el FBI, una policía federal de investigación autónoma, que presentó las pruebas ante una fiscalía igualmente independiente. Esta, a su vez, formuló formalmente los cargos ante una corte federal con plena autonomía.

El senador y su esposa pagaron una fianza y regresaron a su casa. Después de la investigación, del intercambio de pruebas y de la presentación de testimonios, en mayo de 2024 comenzó un juicio público, notorio y ampliamente debatido, que concluyó el 16 de julio de ese mismo año con una sentencia condenatoria, por parte de un jurado de ciudadanos. En enero de 2025, el juez le informó que su condena sería de 11 años de prisión y, el 17 de junio de 2025, casi dos años después de haber sido acusado, se presentó para cumplir su reclusión en una cárcel federal.

En enero 2021, el opositor ruso Alexéi Navalni fue detenido a su llegada a Moscú. Primero lo llevaron a prisión y después comenzó el proceso en su contra. Mientras se encontraba encarcelado, le sumaron nuevos cargos, una práctica propia de los regímenes autoritarios: acumulan acusaciones para que, si unas se caen, subsistan las otras. El juicio se desahogó en la oscuridad, con pruebas tan difusas como las imputaciones mismas.

Los organismos defensores de los derechos humanos levantaron la voz; su familia y sus seguidores se movilizaron. Sin embargo, nada modificó el temple autoritario de Vladímir Putin. Navalni fue recluido en una prisión de alta seguridad: la penitenciaría conocida como “Lobo Polar”, en Siberia. Murió el 16 de febrero de 2024, en condiciones que no han sido aclaradas y que fueron ampliamente cuestionadas por su familia y por organizaciones de derechos humanos.

En los regímenes autoritarios y represores, primero te someten, te encarcelan y, en condiciones totalmente adversas y oscuras, le exigen al acusado que demuestre su inocencia. En las democracias que respetan los derechos humanos de sus ciudadanos, las acusaciones se formulan conforme a un principio elemental: todos somos inocentes hasta que quien acusa demuestre la culpabilidad, más allá de toda duda razonable, mediante un juicio público y transparente y, por regla general, con el acusado en libertad.

En los momentos de mayor debilidad del régimen, cuando los señalamientos por colusión con el crimen organizado llenan de estiércol a sus gobernadores; cuando el contrabando de hidrocarburos se convierte en la marca distintiva de la casa, ya sea en puertos marítimos o fronterizos; cuando la presión de Estados Unidos pesa sobre el partido en el poder como nunca, es precisamente entonces cuando aparece la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, para hacer de las suyas. Y lo hace en coordinación con la Secretaría de Seguridad de Omar García Harfuch, ambos al servicio del régimen encabezado por Claudia Sheinbaum. Es el mismo equipo que, desde la Ciudad de México, acusó y mantuvo en prisión a Alejandra Cuevas Morán porque le estorbaba a Alejandro Gertz Manero en un asunto personal, caso que evidenció la putrefacción de la justicia penal en México.

En este nuevo episodio fueron por Ernesto Ruffo, el primer gobernador de oposición en México, electo en 1989. El que nos dio la primera credencial para votar con fotografía. El que nos hizo creer que democratizar al país y vencer la maquinaria autoritaria del PRI era posible. Sin la lucha de Ruffo, ni Andrés Manuel López Obrador ni Claudia Sheinbaum habrían llegado al poder.

Fueron por un hombre de 74 años, a su propia casa. Una persona sin un sólo antecedente penal. Necesitaban un símbolo de la oposición. El juez de carrera encargado del caso había negado la orden de aprehensión por falta de pruebas. Entonces consiguieron a una jueza de los suyos, de las que impusieron mediante aquella votación del acordeón. Lo detuvieron frente a los medios, al estilo de Genaro García Luna. Tenían la escena preparada. Lo exhibieron como trofeo y, en lo oscurito, sin prensa y sin familiares, le dictaron prisión preventiva. Lo recluyeron en Almoloya y, al igual que la esposa de Navalni, su hija solamente recibió un “no” y un “no sé” como respuesta de las autoridades.

En México y en sus estados, la justicia penal es inquisitiva, represora, oscura y violatoria de los derechos humanos. En nuestro país, cualquier gobernante, ya sea el presidente de la República o el gobernador de un estado, o la mayoría de las veces sus subalternos, en casos que no llegan a los medios de comunicación, pueden utilizar la procuración y la administración de justicia para sus propios fines políticos. Es la aplicación de la in-justicia con criterios políticos, sin otro objetivo que perseguir a los adversarios y favorecer los intereses del grupo en el poder. Hoy fue Ruffo, ayer fue Alejandra Cuevas y muchos otros más que están detenidos; mañana puede ser usted o yo.

No debe sorprendernos que los delitos verdaderos registren niveles de impunidad cercanos al 99 por ciento, o que cerca del 95 por ciento de ellos ni siquiera sean denunciados.

¿Y Rocha, el gobernador del Cártel de Sinaloa?

¿Y Segalmex, el mayor fraude en la historia de la administración pública, por 9 mil 500 millones de pesos?

¿Dónde está la justicia que esperan las familias de las personas desaparecidas?

¿Dónde está la justicia que esperan los coahuilenses que vieron desaparecer a sus seres queridos en Piedras Negras, Allende y La Laguna, durante el terrorismo de Los Zetas?

“Repito, si él demuestra que no estaba involucrado en esto, pues actuarán los jueces...”. Así lo dijo la presidenta de la República: una frase lapidaria que la acerca más a Putin que a las democracias.

Facebook: Chuy Ramírez