Exhibe Ricardo Anaya, doble lenguaje del gobierno estadounidense y se queda corto

¿Les platico? ¡Arre!

Hace 16 años, un empresario sinaloense me mostró físicamente la ruta más rentable de su negocio en las gasolineras que operaba en Tijuana y poco tiempo después, en los Estados circunvecinos a BC.

Él le llamaba “Choco Milk”, porque la gasolina y el diésel que importaba de Estados Unidos los mezclaba con los que le surtía Pemex.

Compraba a brokers mayoristas de hidrocarburos a la mitad del precio de su venta en México. Era un negocio redondo, según me decía.

En su esquema participaban como “socios”, los responsables de puestos clave en las aduanas de Tijuana y Mexicali.

Su escala era muy local, pues solo abastecía a sus propias estaciones de servicio.

Aguantó operando ese esquema hasta diciembre de 2010, cuando vendió sus 102 gasolineras a un grupo de inversionistas liderados por Jaime Bonilla Valdez, quien en 2019 llegó a la gubernatura de BC por Morena y ahí permaneció hasta 2021.

Duró solo dos años debido a las reglas de homologación electoral y al rechazo judicial de un intento por extender su mandato.

Esa fue la versión oficial; la real -según mis fuentes BIC que no saben fallar- es que solo estuvo dos años como gobernador, porque no aceptó como socio en el negocio del “Chocomilk” a Andy López Beltrán y sus secuaces, que están hoy en el ojo del huracán por el tema del huachicol fiscal, que es el robo más grande y descarado contra el erario en toda la historia de México.

Este hombre aprendió de mi amigo la maniobra del “Choco Milk” y la proyectó a escala nacional en contubernio con Ricardo Peralta, quien fuera director nacional de Aduanas del 1 de diciembre de 2018 al 23 de mayo de 2019, cuando fue cesado debido al escándalo de un falso decomiso de relojes apócrifos en el Aeropuerto de la CDMX.

Como “premio” a su labor, fue llamado a ocupar una sub secretaría en Gobernación, cuya titular era Olga Sánchez Cordero, desde el mismo 23 de mayo de 2019 en que salió de Aduanas y permaneció en esa dependencia federal hasta septiembre de 2020, de donde fue cesado por sospechas de sus vínculos con el crimen organizado.

Coordinó después, algo que se hacía llamar “Alianza Patriótica por 4T” y retomó sus actividades docentes en la UNAM.

Esos son los antecedentes directos de lo que hoy se conoce como “huachicol fiscal”.

El empresario sinaloense vendió muy a tiempo ese “negocio” y hoy se dedica a otras actividades profesionales en Estados Unidos, muy lejos del trafique que se cargan el hijo de AMLO y sus cómplices.

El combustible utilizado en el esquema de huachicol fiscal no se compra en estaciones de servicio convencionales, sino a través de intermediarios en el mercado mayorista de hidrocarburos de Estados Unidos.

Los principales puntos de origen y proveedores identificados por investigaciones de autoridades estadounidenses, como la OFAC, Office of Foreign Assets Control y el Departamento del Tesoro, abarcan diversos actores clave:

- Distribuidoras y “Brokers” en Texas: La gran mayoría del producto se adquiere a través de comercializadoras e intermediarios (brokers) independientes con sede en ciudades clave como Houston, San Antonio y Brownsville. Estas firmas compran excedentes o combustibles a precio de mayoreo.

- Refinerías y mayoristas del Golfo: El combustible (principalmente diésel y gasolina) proviene del hub petroquímico del Golfo de México (EE. UU.), donde grandes refinerías venden a distribuidores secundarios.

- Empresas Fachada (Shell Companies): Redes vinculadas al crimen organizado y a comercializadoras irregulares crean empresas de papel en EE. UU. Estas compran legalmente el hidrocarburo en territorio estadounidense para luego alterar los pedimentos aduanales antes de cruzar la frontera hacia México.