Fermachem: La pregunta sigue siendo el agua

La planta de fertilizantes de Fermachem que busca instalarse en Lerdo, Durango, ha generado preocupación en la Comarca Lagunera, no sólo por los riesgos asociados al uso de amoniaco, sino también por su cercanía con el Cañón de Fernández, un área natural protegida y sitio Ramsar (Humedales de Importancia Internacional), pues es considerado el principal vaso alimentador de agua para la región.

La planta promete una inversión de 20 mil millones de pesos, la generación de nuevos empleos y fortalecer la producción nacional de fertilizantes para el campo. Sin embargo, en la Comarca ha encendido las alarmas por los riesgos e impactos en una región donde, en las últimas décadas, los procesos industriales y la sobreexplotación del acuífero han mermado el medio ambiente.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y el Estudio de Riesgo Ambiental (ERA), el Parque Estatal Cañón de Fernández se localiza aproximadamente a 4.2 kilómetros al oeste del límite más cercano del predio del proyecto, aunque en otras secciones del documento estiman esta distancia en 3.5 kilómetros hacia el sur. El Cañón de Fernández alberga una gran biodiversidad, con 581 especies identificadas, de las cuales 25 son endémicas.

En ese sentido, la principal preocupación es esa: el agua. En una zona con déficit de disponibilidad, porque la extracción supera la recarga natural, preocupa que un proyecto localizado entre 3.5 y 4 kilómetros comience a chupar el agua que da de beber a La Laguna.

La MIA y las autoridades que defienden el proyecto aseguran que inicialmente el suministro hídrico provendrá de un tercero desde la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Lerdo, y descartan el uso de caudales subterráneos del acuífero. Sin embargo, el Manifiesto sí reconoce una “fuente de agua de respaldo”, es decir, el documento establece explícitamente que se planea realizar un estudio de factibilidad y el desarrollo de una fuente de agua de respaldo secundaria, la cual se concentraría en pozos ubicados en el sitio o en zonas cercanas.

Esa letra chiquita importa, sobre todo porque la planta operará con un consumo promedio anual de 360 metros cúbicos por hora y funcionará las 24 horas del día.

Es decir, el consumo diario será de 8 millones 640 mil litros al día, el equivalente a llenar tres y media piscinas olímpicas... todos los días. La alcaldesa de Lerdo, Susy Torrecillas, ha asegurado que la planta de aguas residuales de Lerdo tiene capacidad para atender la demanda. ¿Y si no? Pues ahí estará la fuente secundaria.

Es allí donde es más que pertinente y justificable el cuestionamiento e incertidumbre de organizaciones civiles y habitantes de la región: si en el discurso público aseguran que usarán exclusivamente agua tratada, ¿por qué no se instalan en una zona alejada de la mayor fuente hídrica de la región?

La MIA también señala que no existen cuerpos de agua en el terreno donde se pretende construir el proyecto ni en zonas colindantes. Sin embargo, aclara después en el mismo documento que en la porción suroeste del predio hay un cauce de una corriente intermitente, por lo que, en caso necesario, “se realizarán los trámites pertinentes ante la Conagua para delimitar y solicitar la ocupación de la zona federal. El objetivo del arreglo general y localización de la planta y los proyectos asociados es no incidir, a ser posible, sobre el cauce de esta corriente intermitente y minimizar el impacto al escurrimiento natural del terreno”.

AL TIRO

Para una región que ha pagado durante décadas los costos ambientales del desarrollo industrial, los detalles importan. Y cuando un proyecto de esta magnitud deja abiertas puertas para futuras extracciones de agua subterránea, ocupación de cauces o modificaciones posteriores al diseño original, la exigencia de claridad no es una postura radical, sino una obligación ciudadana. Más cuando se pretende instalar en las inmediaciones de uno de los ecosistemas más valiosos y frágiles de la región.

El debate no es únicamente sobre una planta de fertilizantes. Es sobre el modelo de desarrollo que la Comarca está dispuesta a aceptar. La promesa de empleos e inversión siempre será atractiva y puede nublar el pensamiento, pero también es cierto que La Laguna conoce demasiado bien las consecuencias de tomar decisiones sin considerar sus costos ambientales de largo plazo.

El agotamiento de los acuíferos y la pérdida de ecosistemas fueron el resultado de muchas decisiones justificadas en nombre del progreso.

Antes de celebrar una inversión de 20 mil millones de pesos, conviene responder preguntas fundamentales: ¿de dónde saldrá el agua dentro de 10 o 20 años, teniendo en cuenta que la planta está pensada para una duración de más de 40 años?, ¿qué ocurrirá si la planta tratadora no puede abastecer la demanda proyectada?, ¿qué garantías existen para proteger al Cañón de Fernández y al acuífero asociado?, ¿quién asumirá los costos si las previsiones fallan?

Mientras esas respuestas no sean contundentes y verificables, la discusión seguirá siendo legítima.