Fiscalía de Nuevo León: una fábrica de delitos

Ayer viernes, el director General de VANGUARDIA, Armando Castilla Galindo, fue arbitrariamente arrestado, en el aeropuerto de Monterrey. El hecho y sus circunstancias demuestran, de forma demoledora, el grado al cual se han degradado las instituciones de procuración y administración de justicia en entidades como Nuevo León.

La historia bien pudo desarrollarse en el pueblo de San Pedro de los Saguaros, ese lugar de ficción inventado por el genial Luis Estrada. Porque la forma en la cual, tanto la Fiscalía General de Nuevo León, como el juez merced al cual obtuvieron una orden de aprehensión en contra del director General de Vanguardia, Armando Castilla Galindo, es el guion de una burda parodia.

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Se trata de una fabricación de principio a fin. Pero de la peor factura.

Un solo dato basta para echar por tierra la acusación formulada, ante el Ministerio Público de Nuevo León, por el “agraviado”: declaró, ante el Ministerio Público, haberle entregado una cantidad de dinero -el monto es irrelevante y la razón quedará en evidencia enseguida- como “anticipo” de una presunta operación de compra-venta de un terreno en Saltillo... ¡en una fecha en la cual Armando Castilla se encontraba en el extranjero!

Así como usted lo lee: el hecho no pudo ocurrir sino en un universo paralelo digno de una saga de Marvel. La fecha asentada en el documento con el cual se presentó la denuncia ante el Ministerio Público no admite interpretación: está consignada, en blanco y negro, sin lugar a la duda. Y en esa fecha, el Director General de Vanguardia asistía a un Congreso Internacional de la industria de la impresión en Colombia.

Pese a ello, la Fiscalía a cargo del señor Javier Flores Saldívar, armó una carpeta de investigación, la presentó ante un juez de la vecina entidad y obtuvo una orden de aprehensión.

Huelga decirlo: así como el señalamiento inicial es un invento absoluto, el resto de la carpeta debe serlo. No he tenido acceso a los documentos de la misma, porque se encuentran “en el sigilo” de la investigación, eufemismo utilizado por quienes no dudan en torcer la ley para actuar en las sombras y vender sus servicios al mejor postor.

El dato señalado arriba lo conozco, como periodista, merced a un mecanismo legítimo del cual no daré detalles, por ahora, por mera precaución.

Pero sí conversé ayer con algunas personas a quienes la misma Fiscalía de Nuevo León ha convertido en víctimas de casos similares. Se trata, me dicen los afectados, de un modus operandi ampliamente utilizado para extorsionar a quien se pueda y del cual derivan cuantiosas ganancias económicas para quienes participan del negocio.

Las historias son de no creerse. La sincronía entre la Fiscalía y el Poder Judicial neoleoneses da cuenta de un nivel de podredumbre institucional del cual pensábamos haber escapado hace tiempo. Todo mundo se encuentra indefenso ante la maquinaria operada por un conjunto de auténticos hampones a quienes la ambición monetaria ha convertido en individuos moralmente contrahechos.

¿Cómo pueden las instituciones públicas responsables de garantizar certeza jurídica a los ciudadanos degradarse de tal forma? Responder al cuestionamiento no es sencillo, porque se trata de un problema complejo, pero la necesidad de responderlo debería ocuparnos a todos.

Mucho se ha hablado en los últimos años del tema. Vivimos hace pocos meses una “reforma judicial” y eso, se dijo, revertiría la degradación circundante. Pero eso, al menos en Nuevo León, no ha ocurrido.

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Frente a la evidencia tenemos la obligación de reaccionar más allá de la indignación contenida y expresada en privado.

Algo abríamos de hacer.

Porque la ficción de Juan Vargas, en San Pedro de los Saguaros, está siendo superada por la realidad de forma escalofriante.

@sibaja3

carredondo@vanguardia.com.mx

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