Fracking y gas Shale: ¿ya se acabó la polémica para la 4T?

La intención, múltiples veces mencionada en México, de utilizar la técnica denominada fracturación hidráulica –o “fracking”–, como mecanismo para extraer gas natural y petróleo de formaciones rocosas profundas, ha sido objeto de una larga discusión a nivel nacional que, al menos en primera instancia, habían ganado los detractores del citado método.

El mencionado sistema consiste en la inyección, a alta presión, de una mezcla de agua, arena y productos químicos en el subsuelo para generar fracturas en la roca, lo cual libera el gas y el petróleo que se encuentran atrapados en esta, de forma que pueda ser extraído. Los detractores de la técnica han argumentado largamente que se trata de un riesgo, pues contamina los mantos freáticos.

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La polémica se tradujo, desde la llegada de Morena al poder, en una postura gubernamental ambivalente: en el discurso el uso del fracking estaba prohibido en México; en los hechos, se destinaban decenas de miles de millones de pesos, en el presupuesto federal, a proyectos de exploración y explotación de gas natural que utilizaban dicha técnica.

La ambigüedad, sin embargo, parece haber llegado a su fin tras conocerse a detalle el Plan Estratégico 2025-2026 de Petróleos Mexicanos (Pemex), que el gobierno de Claudia Sheinbaum dio a conocer en la semana: con el propósito de “cambiar el panorama declinante de producción” en el país, dicho Plan contempla la realización de proyectos, en las cuencas de Sabinas y Burgos, ubicadas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que emplearán el fracking.

“Destacan los progresos en el diseño, perforación y terminación de pozos, orientados a minimizar el impacto ambiental, con especial énfasis en la preservación de los cuerpos de agua dulce”, sostiene el documento como justificación al cambio de postura.

Y, respecto de la crítica por el uso de grandes cantidades de agua, la cual es escasa en regiones como la nuestra, se afirma que “se han evaluado diversas estrategias para reducir el consumo en las zonas de operación”, entre las cuales se encuentra el agua tratada, proveniente de los sistemas municipales sanitarios o del mar, así como el agua “congénita” que generan los campos petroleros y no es apta para consumo humano.

Los argumentos que hoy se utilizan desde el Gobierno de la República son los mismos que han esgrimido desde el principio quienes se han mostrado favorables al uso del fracking y defendido la postura de que no se trata de una actividad contaminante o que ponga en riesgo la salud de las reservas subterráneas de agua.

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¿Estamos entonces ante un cambio de postura que parte de convicciones técnicas o que corresponde, como suele ocurrir, a una decisión política obligada por las circunstancias?

Responder a la interrogante es necesario porque, en el primer caso, implica asumir que hemos pagado un costo de oportunidad muy alto al ignorar la verdad y oponerse al uso de la técnica y, en el segundo, que enfrentaremos un riesgo ambiental importante. Ninguna de las dos opciones es buena.