Generación eléctrica, ¿es una variable de riesgo?

En México se ha registrado un largo debate en relación con la autosuficiencia energética y la forma “correcta” de conseguirla. En los extremos de la discusión hay dos ideas que, sin ser mutuamente excluyentes sí tienen muchos aspectos en los cuales se contraponen: la que plantea la necesidad de que la generación de energía se encuentre esencialmente a cargo de empresas públicas y la que considera que el Estado debe limitarse a regular el mercado.

Muchos ejemplos existen de la aplicación de una y otra posiciones, así como de las muchas que se encuentran en medio, así como evidencia de los resultados que producen los distintos modelos construidos a partir de ellas.

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El debate es una mezcla de fundamentos ideológicos y planteamientos prácticos que, cuando se analizan en frío, resultan difíciles de rebatir pues las posiciones extremas suenan perfectamente plausibles.

La evidencia empírica, sin embargo, deja claramente en desventaja a los modelos construidos a partir fundamentalmente de la ideología, pero también evidencia cómo los edificados a partir solamente de criterios de mercado, es decir, de la eficiencia económica, producen resultados indeseables.

Así, lo deseable parece ser, como indica el sentido común, una mezcla adecuada de criterios de eficacia y política social que garantice, por un lado, la generación de energía en las cantidades y calidades requeridas para el desarrollo de una sociedad y, por el otro, que todo mundo pueda tener acceso a ella en condiciones justas.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al señalamiento de diversas voces de la iniciativa privada en el sentido de que la generación de electricidad requiere un importante repunte, pues de lo contrario pondrá en riesgo el desarrollo económico de regiones como la nuestra.

No cabe duda que una sociedad que mantiene un cierto crecimiento poblacional requiere, por ese solo hecho, de mayores volúmenes de electricidad. Y si, como es el caso, además se trata de una sociedad altamente industrializada y en expansión, esos requerimientos crecen aun más.

La pregunta es, ¿cómo financiar la expansión de la capacidad de generación eléctrica del país? ¿A partir solamente de inversiones públicas o permitiendo la participación de entes privados?

Responder a la pregunta no es sencillo porque existe una variable adicional que condiciona dicha respuesta: la velocidad a la que crece la demanda no es necesariamente la velocidad a la cual puede responder el Estado si lo que se pretende es privilegiar la energía producida en instalaciones públicas.

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¿Qué tanto se deja participar entonces a los entes privados y bajo qué condiciones? Esa es la pregunta que anima el debate de los últimos días y las respuestas que unos y otros tienen al respecto seguramente alimentarán las muchas conversaciones que sobre el particular escucharemos.

Cabría esperar que, sea cual sea la respuesta final, se trate de una que responda con eficacia a las exigencias presentes y futuras en la materia.