‘Huachicol fiscal’: a ese hay que ponerle atención
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El grueso del problema del ‘huachicol’, ahora queda claro, no se encuentra en el robo a los ductos de Pemex, sino en las gigantescas operaciones de contrabando de combustibles
El término “huachicol” ha vuelto a cobrar interés a partir de los gigantescos decomisos realizados, en las últimas semanas, por el Gobierno de la República. Sin embargo, se está pasando por alto un detalle importante: lo que ocurre en estos días no se trata de combustibles robados a Petróleos Mexicanos, sino de una “estrategia” de carácter fiscal relacionada con el comercio internacional de hidrocarburos.
Como se ha informado con oportunidad, el “huachicol fiscal” implica un daño al erario pues, debido a que el combustible se introduce de forma ilegal al país, es decir, sin pagar los impuestos respectivos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deja de ingresar decenas de miles de millones de pesos por este concepto.
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Pero justamente porque se trata de una actividad ilegal que se basa en operaciones de comercio internacional, investigar este delito es mucho más fácil de perseguir que el otro, el que implica extraer combustible de los ductos de Pemex distribuidos a través de miles de kilómetros del territorio nacional.
Y justamente por ello resulta muy difícil de entender −aunque muy fácil de explicar− cómo el fenómeno escaló a las magnitudes que han sido reportadas por diversas autoridades.
De acuerdo con cálculos del propio SAT, el denominado “huachicol fiscal” implicó, el año pasado, que el 30 por ciento de todos los combustibles comercializados en las estaciones de servicio legalmente instaladas en el país correspondían a esta modalidad. ¡Tres de cada 10 litros que se venden en las gasolineras han sido introducidos al país de contrabando!
El quebranto fiscal que esta gigantesca operación implica es del orden de 485 millones de pesos diarios.
¿Cómo escaló el fenómeno a los niveles que hoy tiene? ¿Acaso es posible que el 30 por ciento de los combustibles que se venden en las gasolineras tengan origen ilegal y que eso no dispare alarmas en múltiples oficinas públicas?
Se trata de preguntas que demandan respuestas puntuales y, sobre todo, acciones concretas por parte del Estado mexicano. En particular, ahora que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que, en el combate a esta actividad ilegal, se llegará “hasta donde tope” y que no se protegerá a nadie, pues “nosotros queremos erradicar por completo este delito”.
Cualquier análisis del fenómeno conduce, de forma ineludible, a la conclusión de que el “huachicol fiscal” no podría haber escalado a estos niveles sin la complicidad de servidores públicos ubicados en múltiples espacios del Gobierno de la República y, muy seguramente, de los estados.
Por ello, si lo que se pretende es erradicarlo, la única forma es desmantelando las cadenas de complicidad que lo han hecho posible, y eso debe traducirse en un resultado concreto: la persecución penal y el castigo a quienes se han beneficiado, desde el poder, de esta actividad.
Si eso no se hace, si no comienzan a rodar cabezas, o si las que rueden no son las de quienes se encuentran en la cúspide de la pirámide, difícilmente vamos a atestiguar un cambio significativo en la realidad actual.
