ICAI, en vías de extinción: Derecho a la información pública, ¿seguirá siendo garantizado?

Derivado de la reforma constitucional federal que desapareció al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), resulta inminente que ocurra lo mismo a nivel local y que, en breve, se extinga el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI).

De hecho, el “desmantelamiento” de dicho organismo inició desde la salida, en noviembre pasado, de dos de sus tres comisionados debido a la conclusión del período para el cual fueron designados, sin que el Congreso del Estado haya emitido convocatoria alguna para sustituirles.

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Más aún: este lunes quedó acéfala su Dirección General tras la designación de Carlos Antonio Franco Flores como integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción.

Además, salvo que ocurra algo muy extraño, es prácticamente un hecho que el primer domingo de junio próximo su actual presidenta y única comisionada que sigue en el cargo, Dulce María Fuentes Mancillas, migrará hacia el Poder Judicial de Coahuila, convertida en magistrada del Tribunal Disciplinario Judicial que surgirá a partir de la reforma judicial.

No se trata de una conjetura, sino de un hecho que resulta evidente: el ICAI se encuentra en vías de extinción.

La gran pregunta que debe hacerse en torno a este hecho es si con el ICAI desaparecerán también las garantías que se construyeron a lo largo de casi dos décadas para que la ciudadanía pudiera ejercer a plenitud su derecho de acceder a la información pública en manos del Gobierno en todos sus ámbitos.

O, si se prefiere verlo desde otra perspectiva, es necesario cuestionar si, con la extinción del órgano garante, también desaparecerá la obligación de los servidores públicos de rendir cuentas y de responder las preguntas de la ciudadanía.

Porque eso es lo que está en juego: el derecho de los ciudadanos a saber, a conocer al detalle la forma en la cual se toman, en las oficinas gubernamentales, las decisiones que les afectan y a evaluar las rutas seguidas por sus servidores para resolver los asuntos sometidos a su juicio.

¿Sobrevivirá el derecho a la información el proceso de desmantelamiento dictado desde el centro de la República? ¿Habrá al menos un intento por garantizar que este derecho persista y se mantenga como un elemento central de la rendición de cuentas en Coahuila?

Se trata de interrogantes en torno a las cuales cabría esperar un pronunciamiento concreto por parte de nuestra clase política, así como el establecimiento de un compromiso que implique preservar los derechos ciudadanos y mantener las obligaciones públicas relativas a la transparencia y el acceso a la información.

Habrá que estar atentos a las decisiones que se tomen en las próximas semanas en torno a este tema y disponernos a defender un derecho que conquistamos con gran esfuerzo, a principios del siglo, y que nadie debería poder arrebatarnos.