Impunidad: el pecado original que hunde a México

El país se ve muy disminuido por el intervencionismo del gobierno norteamericano. Difícil anticipar qué vendrá para México, para el mundo y para los mismos norteamericanos. El presidente Trump encabeza un proceso disruptivo en extremo, que altera el orden global en sus dimensiones político-culturales, económicas y de seguridad. Ocurre a partir de un infundado sentimiento de agravio porque considera abusivo el trato de todos a EU.

En su imaginario, las adicciones y el déficit comercial son culpa de otros; paranoia sustentada en las fijaciones de la sociedad norteamericana. El sentimiento aislacionista tiene profundas raíces históricas y, con frecuencia, se asocia al nativismo de supremacía blanca: racismo, para efectos prácticos.

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En mal momento la amenaza se ha hecho presente. Existe aquí, ciertamente, un gobierno y un régimen con significativo apoyo popular, pero no unidad en un sentido incluyente, porque la aceptación social se construyó a partir de la polarización, la exclusión del otro y la destrucción del régimen de contrapesos y del escrutinio social, indispensables para el buen gobierno. En estas horas difíciles, importan las condiciones que dan legitimidad al gobierno, no las encuestas.

La mayor dificultad del gobierno no viene de la frágil unidad nacional, sino de algo más profundo y delicado, el pecado original: la grosera impunidad ancestral que en estos tiempos se acompaña de extrema violencia, corrompiendo partes relevantes del tejido social, económico y político. Los hechos en algunas partes del país representan una cruel metáfora de la descomposición en extensos territorios.

Culiacán demuestra que la pax narca es frágil y que con facilidad se desborda la violencia. Por su parte, Teuchitlán revela que el país es un cementerio abonado con la sangre de decenas de miles de desaparecidos; podrá no haber allí hornos crematorios, incluso un exterminio marginal, pero exhibe la realidad de más de 55 mil desaparecidos durante los años del obradorismo, realidad que el gobierno pretende regatear.

Hay razones para que los mexicanos y sus autoridades se consideren asediados por el intransigente y poderoso vecino. Los aranceles preocupan porque desestabilizan la economía, especialmente a los sectores exportadores. El temor se acentúa por la discrecionalidad del vecino y la incertidumbre que genera. No todo se reduce a la imposición de impuestos a exportaciones; están las amenazas cumplidas, como la exigencia sobre el pago de agua escasa y en periodos de sequía y, en otros órdenes, el cierre de la frontera a productos agropecuarios, en algunos casos sin fundamento, en otros por la negligencia de las autoridades nacionales en el cumplimiento de compromisos fitosanitarios, producto del austericidio.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirma que a México le ha ido razonablemente bien, una manera amable de negar la realidad; claro, las cosas podrían estar considerablemente peor. La presidenta Sheinbaum dice que la relación con el vecino es buena, de respeto, de diálogo y freno al intervencionismo. Deseable que así sea, pero los hechos dicen otra cosa: el desdén para informar sobre temas muy relevantes en materia de seguridad, la cancelación de visas a funcionarios o las negociaciones con extraditados y no extraditados enviados por las autoridades mexicanas.

La presidenta Sheinbaum dice y a muchos convence, incluso interesados empresarios, de que las cosas no van mal y que hay razón fundada para el optimismo. Hay un desencuentro entre lo que se aspira y lo que ocurre.

Pero... hasta en cifras oficiales se constata que la economía no crece. Los proyectos de inversión son publicitados, pero los indicadores no revelan lo que se dice. Frente a la impunidad, las autoridades se regocijan con escenarios prometedores, a prueba de incertidumbre y de la amenaza norteamericana.

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Una gobernadora a la que le retiran la visa no hace verano, dice el régimen, al tiempo que la maledicencia cobra vuelo e implica listados imaginarios de futuros desvisados, a la medida de la ausencia de justicia y deterioro en la certeza de derechos, relevante no sólo para inversionistas, también para todas las personas, incluso aquellos modestos emprendedores presentes en las arengas, ausentes en las reuniones y las decisiones del gobierno.

El pecado original es la impunidad: a todos afecta y compromete la soberanía nacional ante la amenaza de Trump y los suyos. Malamente, el régimen optó por una reforma judicial que no resuelve y sí en mucho agrava. Así, el país se instala en la idea de que “estábamos mejor cuando estábamos peor”; mientras el régimen, en voz de su prócer, afirma: “lo mejor es lo malo que se va a poner”.