INE: Otra institución más para el altar de muertos

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Opinión
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La renuncia de Guadalupe Taddei es un golpe a la autoridad electoral, pero también a la ya lastimada democracia mexicana. Su nombramiento y papel en casos clave generaron cuestionamientos sobre la politización del órgano y su independencia del partido oficial. Como señala El País, ella fue útil para avalar “decisiones como las campañas anticipadas de las llamadas ‘corcholatas’, en 2023; la sobrerrepresentación de Morena, PVEM y PT, en agosto de 2024, o el uso de acordeones en la elección judicial de 2025”. Su renuncia ocurre en plena preparación del proceso electoral 2027 y tras organizar los cuestionados comicios judiciales de 2025.

El INE (antes IFE) había contado con la confianza de las/los mexicanos y se encontraba entre las instituciones electorales mejor evaluadas de América Latina. Sin embargo, en algunas encuestas recientes, ha perdido confianza y es visto (por la mitad de la población) como una institución politizada. Durante la gestión de Taddei, el porcentaje de personas que dijeron tener confianza en los institutos electorales disminuyó en 6.6 puntos porcentuales. Una encuesta de El Financiero muestra, además, que la diferencia en confianza entre quienes son partidarios del gobierno y quienes no lo son es abismal, con 30 puntos de diferencia. Antes, esta brecha era menor.

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La falta de una autoridad electoral confiable reduce la participación, erosiona la calidad democrática y la legitimidad del sistema. Según la ENCOAP (Inegi, 2025), 62 por ciento de la población reportó haber sufragado en las últimas elecciones locales, mientras que sólo 29 por ciento dijo haber votado en una consulta nacional o estatal. A la vez, 36 por ciento de los encuestados consideró que votar en las elecciones municipales o de alcaldías influye significativamente en las políticas gubernamentales, mientras que 32 por ciento opinó que no influye o tiene “influencia limitada”. La percepción sobre la utilidad de votar en una consulta popular es significativamente menor. Las personas participan menos en ejercicios que consideran poco útiles o en procesos en los que no confían.

La confianza en las instituciones no sólo depende de la capacidad institucional (para responder y/o actuar), sino también de la opinión sobre la integridad de sus integrantes y de la creencia en su imparcialidad. Un organismo politizado es una institución sin confianza para una parte de la población. Cuando esto ocurre en el ámbito electoral, se traduce en una democracia –y un Estado– débil, sin legitimidad social.

Las personas pasan, las instituciones prevalecen

Al momento del nombramiento de Taddei, la Presidencia emitió un comunicado en el que afirmaba: “con el tiempo se conocerá cuál es la visión democrática de la nueva dirigencia del INE. Si continúa los pasos de su predecesor, representante de una visión de la democracia reducida a los procesos electorales y promovida desde arriba (...) o una visión que conciba a la democracia como forma de vida en la que el pueblo sea el promotor y el conquistador de libertades sin implorarlas a las minorías”. El tiempo reveló cuál era su visión. Su renuncia, sin embargo, no subsana el daño a la legitimidad del órgano electoral. El INE se suma a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial, al INAI y la CNDH: instituciones autónomas y de contrapeso que caen en la Cuarta Transformación.

@cataperezcorrea

Doctora en derecho

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Maestra y Doctora en derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford en California. Profesora Investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Ha sido profesora en la Facultad de Derecho de la UNAM, investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e investigadora visitante en el Schell Center for International Human Rights de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Es colaboradora del Programa de Política de Drogas del CIDE y miembro del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, CEDD.

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