Las personas pasan, las instituciones prevalecen

Los hechos que propiciaron la reciente renuncia a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no demuestran que el sistema electoral esté corrompido, aunque sí dejan en claro, más que nunca, la necesidad de que la rendición de cuentas sea un auténtico ejercicio de escrutinio y no solamente una consigna institucional.

Los señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés deben investigarse con rigor y debido proceso, de modo que las autoridades competentes determinen responsabilidades sin que nadie adelante sentencias ni minimice lo ocurrido.

Exigir cuentas a quienes ocupan cargos dentro del máximo órgano de dirección es muy distinto a condenar a la institución completa, y esa confusión conviene vigilarla de cerca, porque la desconfianza que deja un escándalo suele aprovecharse para pedir que todo se elimine, y eso, en un país como el nuestro, nunca ha demostrado buenos resultados.

Desde el sexenio pasado hay quienes proponen desaparecer al INE y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) por razones meramente políticas, y esta coyuntura podría parecerles una buena oportunidad para insistir en ello.

Lo anterior no sugiere en lo absoluto que deba minimizarse lo ocurrido, pues una institución que organiza elecciones existe para servir a quienes votan y cualquier abuso del cargo contra ese fin merece un debido esclarecimiento y, de ser el caso, las sanciones a que haya lugar.

Para dimensionar lo que estaría en juego, hay que recordar de dónde venimos. México no llega aún a cuarenta años de celebrar elecciones auténticas, pues durante décadas las organizó el mismo gobierno que competía en ellas, con resultados, cuando menos, previsibles.

El Instituto Federal Electoral nació en 1990, y en 1996 el Poder Ejecutivo dejó de tener voto en su Consejo General, un cambio que hizo posible que en 1997 ningún partido contara con mayoría arrolladora en la Cámara de Diputados y que en el año 2000 hubiera alternancia en la presidencia de la república.

Esa autonomía llegó como respuesta a los reclamos que la propia oposición política en México planteó durante décadas, y la ciudadanización de la función electoral buscó precisamente alejarla del poder para evitar su interferencia.

Gracias a ella, cualquier fuerza política, tanto la que gobierna como la que está en la oposición, ha logrado llegar al poder por la vía del voto, algo que no podía darse por hecho cuando las reglas dependían de quien estaba al mando.

En los estados ocurre algo similar con los OPLE, que organizan las elecciones de los ayuntamientos y congresos locales, es decir, los espacios donde la ciudadanía vive la democracia más de cerca.

Todo ese andamiaje, tanto nacional como local, descansa en el Servicio Profesional Electoral, integrado por más de tres mil personas que capacitan, organizan y vigilan elección tras elección, sin importar quiénes integren el Consejo General del INE o el de cualquiera de los 32 OPLE en el país.

A estos funcionarios se suman las y los ciudadanos sorteados que instalan las casillas el día de la jornada electoral, con lo cual la institución se sostiene en gente común y no en quien ocupa un cargo directivo.

Por esa razón, si se comprueba que un funcionario o un consejero actuó al margen de la ley en busca de un beneficio propio, su conducta no puede servir para deslegitimar 36 años de avances democráticos.

Que este caso se haya conocido por investigaciones periodísticas y revisiones de las autoridades y terminara en una renuncia, muestra además que existen mecanismos de escrutinio, algo que difícilmente ocurría cuando el gobierno controlaba la organización de las elecciones.

Desmantelar la estructura que ha revestido durante tres décadas al sistema electoral mexicano o, peor aún, pensar en devolver la organización de las elecciones al gobierno en turno significaría un retroceso enorme, ya que volvería a colocar a uno de los competidores como árbitro de la contienda.

Con las elecciones de 2027 cada vez más cerca, las instituciones electorales en el país necesitan recuperar la confianza de quienes acudirán a votar, y eso pasa por transparentar licitaciones, reforzar los controles internos y su fiscalización.

Hacerlo no implica blindar a nadie, pues cuidar a una institución supone exigirle que cumpla las reglas que ella misma vigila en las elecciones.

Finalmente, si algo debe quedarle claro a la ciudadanía es que, en la medida en que se salvaguarde la integridad de las instituciones electorales nacionales y locales, el acceso al poder, la alternancia y la participación de todas las personas seguirán siendo una realidad y no una añoranza de tiempos mejores.

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