Instituto Electoral de Coahuila; ¿quién intentó robarle 6.4 mdp?

Opinión
/ 14 julio 2023
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Si camina como pato, tiene pico de pato y grazna como pato, seguramente es porque se trata de un pato. Así de prístina fue la intentona de fraude perpetrada en la semana con el propósito de meterle mano a la caja del IEC

En la semana se ha ventilado uno de los casos más extraños de los cuales hayamos tenido conocimiento en los últimos años en Coahuila: el intento de ejecutar el cobro -fraudulento- de casi seis millones y medio de pesos al Instituto Electoral de Coahuila, a partir de adeudos inexistentes a favor de 21 presuntos empleados del extinto Partido Joven.

El tufo a corrupción emitido por el caso puede percibirse a kilómetros de distancia y debería activar las alarmas de la miríada de instituciones públicas dedicadas a combatir esta nociva práctica. Por cuestiones de espacio referiré solamente los aspectos más importantes del culebrón.

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Dos son los puntos nodales del asunto: por un lado, la emisión de sendos acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ordenando, primero el pago -previa advertencia de las graves faltas en las cuales se incurriría de no acatar el requerimiento en un lapso máximo de tres días- y, luego, revocando dicha orden. Por el otro, la extraña diligencia y docilidad con la cual la Presidencia del IEC dio trámite a la petición.

Comencemos con la Junta. De acuerdo con documentos en poder de quien esto escribe, el presidente de la Junta, Gilberto Silva González, notificó al IEC, el 8 de junio pasado, de la existencia de un expediente en el cual se requería la comparecencia del representante legal de la institución, a fin de establecer un “acuerdo conciliatorio” en un litigio laboral. Dos semanas y media después -el 26 de junio- le notificó el requerimiento de pago.

El requerimiento derivó, según lo dio a conocer el IEC a través de un comunicado, de un acuerdo emitido por la junta el 22 de junio. Era pues, al menos en teoría, una notificación en toda forma, derivada del análisis de un expediente cuyos documentos soportaban la resolución.

Increíblemente, sin embargo, el 30 de junio -cuatro días después de requerir el pago- la Junta notificó un nuevo acuerdo, fechado el día 26 -es decir, el mismo día en el cual notificó el requerimiento original- mediante el cual se dejaba sin efecto la orden de cubrir el presunto adeudo.

¿Cuál fue la razón de la Junta para ejecutar, ¡el mismo día! dos actos a tal grado contradictorios? De acuerdo con los documentos a los cuales he tenido acceso, la razón aducida por su Presidente para revocar su petición inicial fue, textualmente: “que el mismo (acuerdo para exigir el pago) se pronunció sin advertir que 20 de los (21) convenios fuera de juicio se encuentran prescritos desde el día 29 de abril del 2021”...

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Peor aún: de acuerdo con estos mismos documentos, el acuerdo revocatorio fue dictado el día 22 de junio, es decir, cuatro días antes de requerir originalmente al IEC... ¡y exactamente en la misma fecha en la cual se abría emitido el acuerdo para ordenar el pago de los presuntos laudos!

Vayamos ahora al IEC. En primer lugar llama la atención cómo las notificaciones del caso fueron recibidas -como quedó claro durante la sesión de Consejo General celebrada ayer- personalmente por el consejero Presidente Rodrigo Paredes, es decir, sin pasar por la Oficialía de Partes de la Institución.

El propio Paredes giró instrucciones -el 27 de junio- a la Dirección Ejecutiva de Administración para acatar la orden en el plazo exigido, solicitando incluso suspender el pago de la tercera ministración del bono electoral al personal del Instituto. La diligencia llama la atención pues las constancias documentales dejan claro cómo Paredes no advirtió nada raro en el asunto.

Contraria a la actitud del Consejero Presidente, tanto la Directora de Administración como el Secretario Ejecutivo realizaron una rápida pesquisa y descubrieron, en cuestión de horas, la patraña detrás del requerimiento. ¿No pudo -o debió- haber hecho lo mismo Rodrigo Paredes?

Si el asunto huele a corrupción es porque, sin duda, algo está podrido -muy podrido- en esta trama mediante la cual, todo hace indicar, se pretendió birlarle casi seis millones y medio de pesos al IEC. ¿Quienes fueron los autores intelectuales y materiales del entuerto? ¿Quiénes se habrían beneficiado de haberse concretado? Seguiremos en el tema...

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

carredondo@vanguardia.com.mx

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Columna: Portal, periodista con más de 30 años de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Ingeniero Industrial y de Sistemas por la Universidad Autónoma de Coahuila y Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Además, es máster en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana y tiene estudios concluidos de maestría en Derechos Humanos en la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC. Se ha desarrollado profesionalmente en el servicio público, la academia y el periodismo. Integrante de la Comisión de Selección del CPC, del Sistema Anticorrupción de Coahuila.

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