Interseccionalidad: niñas rurales en condiciones de pobreza
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La herramienta de la interseccionalidad nos permite visibilizar todas las discriminaciones y violencias que sufre una persona producto de las condiciones y características con las que nació, el contexto en el que vive, las particularidades de su persona, entre otros elementos.
En ese sentido, tal y como lo establece la Recomendación General número 28 del Comité de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), dicha herramienta atiende y estudia −a través de categorías analíticas− las complejas relaciones estructurales y las opresiones que nacen en virtud de las mismas y que no pueden ser tratadas
como categorías independientes ni jerárquicas.
Una vez aclarado lo anterior y en virtud del Día Internacional de la Niña celebrado el pasado 11 de octubre, el Día Internacional de las Mujeres Rurales del 15 de octubre y hoy, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, me permito desarrollar el siguiente análisis.
NIÑAS
El último censo desarrollado por el Inegi en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica arroja que de la población total en México, 38.5 millones (30.8 por ciento) corresponden a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años. De
este mismo grupo, 18.9 millones son mujeres y 19.6 millones son hombres.
Desagregando las mismas cifras por grupos de edad, 9.2 millones tienen entre 0 y 4 años; 10.8 millones se encuentran entre los 4 y 9 años; 11.5 millones de 10 a 14 años; y, finalmente, 7 millones tienen entre 15 y 17 años.
RURALES
Por otro lado, la última encuesta sobre Censos y Conteos de Población y Vivienda también realizada por el Inegi, manifestó que a nivel nacional (en 2020) de las y los 126 millones 014 mil 024 habitantes a nivel nacional, 26 millones 983 mil 528 corresponden a la población rural, es decir, el 21.41 por ciento, y de las 61.5 millones de mujeres en México, el 23 por ciento habitan en localidades rurales.
SITUACIÓN DE POBREZA
En virtud del último estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) es posible saber que en el 2020, el 43.9 por ciento de la población vive en situaciones de pobreza empeorando cada año más, pues en 2018 había 51.9 millones y en 2020 aumentó la cifra a 55.7 millones.
Traduciendo dicha problemática exclusivamente al grupo de niñas, niños y adolescentes, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México manifestó en su informe anual de 2019 que casi el 50 por ciento de este grupo vive en condiciones de pobreza, y de ese porcentaje, el 53.9 por ciento corresponden al género femenino, teniendo como principales problemáticas la anemia, la desnutrición crónica y la falta de acceso a educación y a una vivienda digna.
EL ANÁLISIS INTERSECCIONAL
Una vez presentadas las cifras escalofriantes sobre las distintas situaciones de vulnerabilidad, es importante enfatizar que en México 6 de cada 10 niñas y niños de 1 a 14 años han sufrido algún tipo de agresión o maltrato en su vida, siendo las niñas quienes sufren mayor agresión psicológica.
Partiendo de lo anterior, el género femenino suele encontrarse en situaciones y condiciones que aumentan la discriminación y violación a diversos derechos humanos: problemáticas como
el acoso callejero, la discriminación laboral o las desapariciones forzadas.
Peor resulta para las niñas, quienes específicamente se enfrentan a la falta de educación, el matrimonio infantil, los embarazos infantiles y adolescentes, e incluso han sido víctimas de la máxima manifestación de violencia: el feminicido.
Ahora bien, si tenemos presentes las categorías analizadas con anterioridad e hilamos de tal forma que todas sean consideradas para determinar la condición de vulnerabilidad que tiene una persona, será posible concluir que si una mujer sufre de discriminaciones y violencias con base en su género, éstas irán en aumento cuando se trate de una niña, cuando tal niña viva y se desenvuelva en un ámbito rural y, además, se encuentre en condiciones de pobreza.
Por todo lo anterior, es importante que los compromisos y las líneas de acción de los Estados −en sus tres niveles de gobierno− partan de la visibilización, análisis y el involucramiento de cada una de las categorías y estructuras que atraviezan cada grupo en situación de vulnerabilidad, pues sólo a través de la herramienta de la interseccionalidad será posible que las distintas políticas públicas, leyes, y mecanismos puedan garantizar la erradicación de las múltiples estructuras de discriminación y violencia existentes en cada grupo poblacional.
La autora es auxiliar
de investigación del Centro
de Derechos Constitucional
es Comparados de la
Academia IDH
Este texto es parte del
proyecto de Derechos
Humanos de VANGUARDIA
y la Academia IDH
