Justicia a modo: Dos pesos y dos medidas

En los últimos meses, una serie de escándalos han puesto en discusión la consistencia y congruencia del discurso oficialista respecto a lo que en realidad ocurre. Sólidas evidencias y algunas investigaciones judiciales en curso han evidenciado un sistema donde, para políticos y funcionarios de Morena, la aplicación de la ley es absolutamente parcial.

En 2018, los mexicanos confiaron ampliamente en un proyecto político que prometía acabar con los privilegios de algunos, reconducir el país a la paz, eliminar la corrupción y generar bienestar para la ciudadanía.

No obstante los buenos discursos, ocho años después es cada vez más evidente en nuestro país que hay personas que viven por encima de la ley y que, cuando cometen una falta o incluso un delito grave, la ley se les aplica a modo.

Autores y estadistas coinciden en que, para mejorar la vida de las comunidades y garantizar confianza, certidumbre y justicia, deben consolidarse los principios de igualdad de toda persona física o moral ante la ley, lo cual exige consistencia en su aplicación. En otras palabras: democracia y Estado de Derecho.

En contraste, en los últimos 8 años hemos observado cada vez con mayor claridad que en México la aplicación de la ley es absolutamente subjetiva; se ejerce bajo el concepto de “dos pesos y dos medidas”, donde un mismo caso se evalúa, investiga y juzga según quién lo comete.

Para muestra, el siguiente corolario: si eres un exgobernador y actual legislador morenista, se te protege sin importar el cúmulo de evidencias por abuso sexual, corrupción y nexos con los narcos que pesen sobre ti.

Si eres una gobernante morenista, puedes poseer joyas por centenares de miles de pesos sin que nadie se atreva a investigar por qué su costo excede por mucho tus ingresos, incluso en casos donde ya has sido señalada por la Auditoría Superior de desfalcos que llegan a ser de casi mil millones de pesos. En este caso en particular, el actual Poder Judicial (del Bienestar) ya frenó cualquier investigación en tu contra.

Si eres hijo de un gobernador fronterizo o hijo del último expresidente, toda evidencia que se presente en torno a delitos como lavado de dinero, contrabando, huachicol fiscal y más, quedará impune.

De manera similar, nadie investigará una serie de delitos si eres el mejor amigo de ese mismo hijo del expresidente morenista: te pueden grabar y exponer el audio de una llamada con otro miembro del así denominado “Clan” –un grupo de empresarios y juniors cercanos al morenismo–, donde confiesas que favoreciste el sobrecosto de la obra, participaste de la corrupción de todo el proyecto, aclaras la participación y el rol de dicho hijo del último expresidente y además te burlas de las posibles consecuencias de haber usado materiales de subcalidad –que de hecho esa tragedia sí ocurrió, con los descarrilamientos tanto del Tren Maya como del Tren Interoceánico–.

Otro ejemplo: en el actual régimen no pasa nada si eres una legisladora de Morena que aspira a ser gobernadora y para ello cometes una serie de delitos electorales –actos muy anticipados de campaña financiados ilegalmente– gracias a “donaciones” de empresarios ligados a un exgobernador, exsecretario de Gobernación y actual senador.

Si solías ser un austero y casi indigente político de oposición que criticaba los lujos y ahora, apenas ocho años después de haberte convertido en legislador por la alianza Morena-PT-Partido Verde, te transformaste en un terrateniente “fifí” que posee casas y vehículos, viaja por el mundo en business class, come en restaurantes de lujo y hace shopping en el extranjero, nadie se preguntará ni te investigará por el origen de tu nueva economía, pese a que tus ingresos no correspondan a tu estilo de vida.

Otros ejemplos de cómo el discurso y la defensa de la ley y la soberanía nacional se entienden a modo son los casos del exsecretario de Seguridad Pública federal, de legisladores tanto de oposición como del oficialismo, así como de los gobernadores de Chihuahua y Sinaloa y del exgobernador de Baja California.

Cuando al exsecretario García Luna se le detuvo por orden de una corte de Nueva York, acusado por nexos con la delincuencia organizada –con base en meras declaraciones de testigos protegidos–, en México el anterior y actual gobierno celebraron que Estados Unidos haya coadyuvado a desmantelar la corrupción en nuestro país. Exultaron, hablaron de justicia y usaron el caso como evidencia irrefutable de la podredumbre de aquella administración y prueba de la complicidad del entonces presidente de la República.

Nadie puso en duda el hecho, el proceso o la sentencia condenatoria; todo fue júbilo.

En cambio, cuando esa misma corte de justicia acusó a 10 políticos sinaloenses de Morena, entre ellos el gobernador, el alcalde de Culiacán, un senador, el secretario de Finanzas, el de Seguridad y otros más –dos de los cuales se entregaron motu proprio a dichas autoridades neoyorquinas–, en México se descalificó la acusación, se tachó todo de intervencionismo y se repitió la letanía: “pruebas, pruebas, pruebas”. Y no se intentó hacer alguna investigación seria en nuestro país, pese a la avalancha de evidencias que existen.

Desde el Gobierno Federal, las gubernaturas, las presidencias municipales y los legislativos morenistas, se les dio total apoyo a esos funcionarios, incluso a sabiendas del riesgo de que ello derivara en un endurecimiento de las relaciones diplomáticas con el país vecino.

Otros dos casos son el de una senadora de oposición que acudió a Estados Unidos a otorgar entrevista sobre la narcopolítica en México y el de una gobernadora, también de oposición, que presuntamente permitió la colaboración entre agencias de seguridad de EU y las estatales con el objetivo de desarticular el mayor laboratorio de producción de fentanilo en nuestro país. A ellas se les tachó de vende patrias, se les exigió sus renuncias, así como juicio político para ambas.

En contraste, cuando a una gobernadora morenista le filtraron audios con representantes del gobierno de EU, a los cuales incluso les ofrece la información confidencial de las mesas de seguridad a cambio de no ser extraditada, desde Palacio Nacional se relativiza el hecho y se le brinda respaldo total.

En plena crisis por los audios de Baja California y la solicitud de extradición de los políticos de Sinaloa, el gobierno mexicano optó por capturar a un exgobernador, que dejó el cargo en 1995, por una supuesta participación en actos de huachicol fiscal.

Cabe señalar que hacía tiempo ya se había solicitado la orden de aprehensión y que un juez de carrera la negó por inconsistencias y falta de pruebas. Sin que ello importara, se pidió una nueva orden, esta vez aprobada por una jueza del bienestar.

De nuevo, si los principales autores sobre desarrollo y bienestar apuntan a que el sistema legal es fundamental para el buen desarrollo de una sociedad –entendido como un marco de leyes que se aplica igualitaria y consistentemente para todos–, las decisiones de la Presidenta de la República, de los gobernadores, de los alcaldes, de los funcionarios, de los legisladores y de los juzgadores del oficialismo de ejercer la justicia a modo, de tener “dos pesos y dos medidas”, traerán consecuencias graves: un contexto de retroceso, malestar social y afectación al bienestar de las personas. Por ello, ¿qué país queremos ser, el de un Estado democrático de derecho o el de la impunidad y la justicia a modo?