‘Justicia en los bueyes de mi compadre’
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La ‘selectiva’ aprehensión de Ernesto Ruffo serviría para borrar su imagen de referente moral del panismo, asimismo, para truncar el futuro del naciente partido Somos México, del cual es consejero
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aprehendió el jueves 16 de julio en Ensenada a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador panista de Baja California, acusado de delincuencia organizada y contrabando de combustible, presuntamente realizado a través de la empresa Ingemar, fundada por el exmandatario de 74 años.
La acción judicial ocurre un año después de que el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmara la investigación de dicha firma y el uso de ferrotanques como medio de almacenamiento, como parte del modus operandi.
Dos semanas antes, el 8 de julio de 2025, se ejecutó en Saltillo y Ramos Arizpe el megadecomiso de más de 15 millones de litros de combustible ilegal –diésel, gasolina y destilados de petróleo–. Según el gobernador Manolo Jiménez Salinas, ese volumen no provenía de tomas clandestinas en Coahuila, sino que “iba cruzando por la entidad” dentro de 129 ferrotanques.
Dicha detención es sumamente significativa por varias razones. Primero, porque en 1989, tras fungir como alcalde de Ensenada, Ruffo Appel pasó a la historia como el primer gobernador de oposición cuando el PRI controlaba no sólo la Presidencia de la República, sino también los gobiernos de todos los estados. A la postre, fue senador (2012-2018) y diputado federal (2018-2021).
Segundo, porque habiendo sido considerado por la militancia del Partido Acción Nacional como un referente moral, en virtud de su fama de hombre honesto y congruente, Ernesto Ruffo se pronunció a favor de la refundación del partido, pero en contra de que se aliara con el Revolucionario Institucional, convencido de que con ello perdería su identidad.
Y, tercero, porque en su afán de recomponer el bloque opositor en México, en julio de 2022 cofundó el Frente Cívico Nacional (FCN), movimiento político de la sociedad civil que el 25 de junio consiguió convertirse oficialmente en el partido Somos México (o Somos Mx), bajo el liderazgo de Guadalupe Acosta Naranjo, como presidente, y Cecilia Soto González, como secretaria general.
Tras la aprehensión, Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, llamó a cerrar filas contra el autoritarismo del gobierno de la Cuarta Transformación (4T), reflejado en la ofensiva legal contra el exmandatario, misma que el secretario general del blanquiazul en Tijuana, Hassan Franco Ruiz, calificó de “parafernalia y espectáculo mediático”.
Tampoco se hizo esperar la desaprobación del dirigente nacional de Somos Mx, quien calificó la aprehensión como un “inaudito atropello”, una “infamia absoluta” y una “cortina de humo” motivada por fines políticos, y exigió la liberación del aludido, que aún forma parte del consejo consultivo del partido rosa.
El expresidente Vicente Fox arremetió igualmente contra el Gobierno Federal, asegurando que Ernesto Ruffo es un “mexicano ejemplar”, por lo que consideró que está siendo objeto de una auténtica persecución política y enfatizó: “La democracia no se defiende persiguiendo a quienes la construyeron... México no puede ser botín de Morena y mucho menos de una dictadura que impone su ley”.
Romero, Acosta y Fox coinciden con partidos, analistas y denuncias periodísticas en el sentido de que la administración de Claudia Sheinbaum evita tocar los expedientes de figuras de la 4T presuntamente vinculadas con el financiamiento ilícito o con la red del extinto Sergio Carmona, como gobernadores, legisladores, funcionarios del gabinete presidencial o exdirigentes partidistas.
Lo cierto es que, según versiones de distintos medios de comunicación, denuncias tanto del PAN como del PRI, así como testimonios en cortes de Estados Unidos, la lista de contrabandistas de combustible es muy amplia. Quizá se pueda dimensionar la red de involucrados con los siguientes botones de muestra:
Apodado el “Rey del huachicol”, el empresario Sergio Carmona Angulo (†); su hermano Julio César Carmona; el exdirigente nacional de Morena y actual secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo; el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y su hijo Humberto Villarreal.
Asimismo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el exdiputado federal y alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo; la diputada federal de Tamaulipas, Olga Juliana Elizondo; y el senador del mismo estado, José Ramón Gómez Leal (“El JR”).
El daño al erario provocado por este entramado oscila entre los 200 mil y 400 mil millones de pesos anuales por la evasión del IEPS y del IVA aduanero. El dinero excedente es el que presumiblemente se lavó y desvió hacia las estructuras y campañas electorales mencionadas.
Los datos sobre el tema son abrumadores. De acuerdo con información reciente de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Centro Federal de Inteligencia Criminal, existen al menos 555 empresas vinculadas al contrabando de combustible y “huachicol fiscal”.
De esta cantidad, el Gobierno Federal priorizó una lista de 108 compañías “foco” que concentran las operaciones más directas.
Como se sabe, son entidades que operan básicamente bajo esquemas ilícitos, incluidas grandes inconsistencias de volumen en al menos ocho de los principales puertos de México.
Más específicamente, el modus operandi de la mayoría de estos negocios consiste en reportar una parte mínima de la carga real o en tramitar licencias masivas de importación mediante sociedades fachada y emisoras de facturas falsas.
La FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informaron haber documentado hasta 210 empresas que operaban como “cuentas puente” o ficticias para inyectar al mercado formal el hidrocarburo robado o importado ilegalmente.
En tanto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) abrió 109 expedientes penales relacionados con este tipo de fraude, con el propósito de proceder contra redes y aduanas específicas, así como de suspender a los actores inscritos en el padrón de importadores.
