Justicia y política en Coahuila

En esta tierra de antiguos juristas destacados, desde hace algún tiempo la justicia y la política son sinónimos. Y no es que el presidente del Poder Judicial de Coahuila haya inaugurado esta tónica, sino que la ha llevado al grado de sumisión y vasallaje evidente.

Nunca un magistrado presidente se había atrevido a presentarse como lacayo del Poder Ejecutivo, por más que las nominaciones a este cargo hubieran surgido de la decisión del gobernador en turno. Sin embargo, en las circunstancias en que Mery fue impuesto por el anterior gerente de negocios de Coahuila, ello sugeriría una suerte de sumergirse en los lodos de la mansedumbre, en una operación necesaria para subsistir ante una evidente falta de capacidad y legitimidad para ejercer el cargo. Recordemos que cuando fue impuesto, en 2018, no contaba con la experiencia legal para ejercer el cargo, requerida por la Constitución local (Art. 138, Fracc. III), y llovieron los amparos.

La aparición de Mery vistiendo el chaleco verde de Mejora Coahuila es la prueba evidente de ese descaro y cinismo del que debe hacer gala para sostener los humos de su ilegitimidad.

La afrenta a los coahuilenses no terminó ahí, cuando aquel 26 de marzo, tras la ceremonia en la Exhacienda de Guadalupe, el magistrado Mery escupió la sentencia a los litigantes de todo Coahuila: “A mí me parece muy inapropiado que ventilen sus casos y que tengan ese tipo de actitudes, que piensan presionar a la autoridad en eso; nosotros no legislamos ni a través de los medios ni emitimos justicia a través de las redes sociales, entonces que quede muy claro y tengan cuidado también de sus comentarios que hacen cuando imputan falsamente a alguien porque es muy inapropiado y puede sustentar la comisión de un delito”.

Y no contento con esa acusación, eructó otra obra maestra que quedó grabada: “La actitud y las acciones de las y los abogados entorpecen, incluso, que pueda haber mediación, que las partes puedan llegar a un acuerdo porque solamente establecen más hilaridad (sic), más enojo y más violencia, en vez de encontrar la justicia. Me parece que con el tiempo ganan económicamente; mientras te tengan atorado ahí en un juicio, pues te van a seguir cobrando”.

Sin duda, el magistrado flamante tropezó con su larga lengua a los pocos segundos de vomitar tales improperios, porque le tupieron duro y macizo, primero los colegios de abogados de Torreón y posteriormente los de la Región Sureste, en una protesta que denunció diversas anomalías en la administración de justicia y que son evidentes para cualquier litigante, sea chico o grande.

Mery acusa que los litigantes (me sumo a la especie) alargamos los juicios en forma desconsiderada para sacarles más dinero a los clientes a través de las llamadas chicanas judiciales. Hasta ahí llega su saliva.

Para aclarar al público y paciente lector, solamente menciono que si su abogado quiere interponer una demanda ante el imponente elefante blanco de Colosio y Fundadores, en Saltillo, deberá esperar dos semanas para que, aun cuando esta demanda haya sido turnada casi de inmediato al juzgado civil, hipotecario, familiar o laboral correspondiente, ésta sea acordada en su admisión, aclaración o inadmisión.

Para irnos al tiempo entre la interposición de una demanda y su sentencia, considerando solamente la actuación de la autoridad judicial (es decir, sin incidente alguno de los llamados de previo y especial pronunciamiento), deberán pasar entre 15 y 18 meses.

Por poner un ejemplo: en un juicio laboral que me comentan inició en marzo de 2025, a la fecha, solamente atendiendo a los tiempos que en este juzgado han señalado, un expediente está en la fase de admisión de pruebas (¡uf!). Y todavía falta que las mismas sean desahogadas (dos meses más).

Los funcionarios judiciales refieren el exceso de expedientes y juicios, pero en cada juzgado laboran entre 15 y 21 auxiliares; antes se notaban más, pero ahora, dentro del elefante, se pierden.

Un evidente burocratismo y modorra prevalece en el Poder Judicial de Coahuila, y Mery no puede esconderlo debido a su incapacidad manifiesta. Los litigantes y sus clientes son las víctimas, no los victimarios. La sentencia es de Jenofonte: “Es difícil obrar de manera que se vea uno libre de faltas; y aun cuando ninguna se cometiera, es difícil no topar con jueces ineptos”. ¡Válgame!