La democracia que se construye en voz alta

México vive un cambio que va mucho más allá del relevo en la dirigencia de Morena, donde Ariadna Montiel sustituye a Luisa María Alcalde. Lo que está ocurriendo es más profundo y más esperanzador: una ciudadanía que se politiza, que pierde el miedo a hablar, que rompe con décadas de silencio impuesto. Durante el largo periodo del PRI había una frase que se repetía en reuniones de amigos y en sobremesas familiares: “Para llevar la fiesta en paz, no hablemos ni de religión ni de política”. Detrás de esa cortesía había miedo: miedo real a las represalias del poder, a la corrupción protegida por la prensa cómplice, a un sistema que castigaba con saña al que se atrevía a señalar.

Hoy esa frase ya no funciona. La gente discute política en los mercados, en las cenas, en las redes sociales. Y eso, aunque a veces nos incomode por su tono, es una conquista enorme.

El caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya —separado del cargo desde hace varias semanas—, señalado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, ilustra esta transformación. Hay debate público sobre si la licencia temporal le retira o le conserva el fuero. Constitucionalistas como Diego Valadés y Arturo Zaldívar discrepan abiertamente en los medios. La oposición exige renuncia definitiva; el oficialismo se divide entre quienes piden cerrar filas y quienes quieren endurecer los filtros internos del partido. Sheinbaum afirma que no protegerá a nadie, pero exige pruebas irrefutables y rechaza la injerencia extranjera. La Fiscalía mexicana sostiene que Washington no ha presentado elementos suficientes.

Preguntémonos un momento cuánto de todo esto habría sido posible bajo el viejo régimen. La respuesta es: nada. En marzo de 2011, mientras Humberto Moreira gobernaba Coahuila, sicarios de Los Zetas arrasaron el municipio de Allende durante tres días: secuestraron, asesinaron y desaparecieron a decenas de personas —testimonios ciudadanos hablan de hasta trescientas víctimas—, destruyeron casas con maquinaria pesada y “cocinaron” cuerpos en barriles de fuego, ante la pasividad de las autoridades locales y de la fuerza pública. La masacre de Allende, una de las más brutales de la historia moderna de México, no apareció en los noticiarios nacionales sino hasta años después. Nadie dijo nada. Nadie fue procesado en serio. Y mientras tanto, el propio Humberto Moreira hundía al estado en una deuda que pasó de unos 323 millones de pesos a más de 35 mil millones —el moreirazo—, con documentos presuntamente falsificados, y aun así fue absuelto por la PGR antes de ser detenido años después en España bajo investigación por lavado de dinero, aunque posteriormente fue liberado. La corrupción no se discutía: se administraba en la sombra como parte natural del ejercicio del poder, mientras la prensa cómplice apagaba con una llamada cualquier intento de denuncia.

Que hoy un gobernador morenista esté en el ojo del huracán y que el debate sea público, jurídico y político —no clandestino—, es exactamente la diferencia entre un régimen autoritario y una democracia en construcción. No se trata de equiparar los hechos del caso Rocha Moya con la barbarie de Allende, sino los regímenes que los rodean: el silencio impuesto frente al debate abierto. El caso Rocha Moya no me deja certezas; me deja dudas legítimas. Pero el debate ocurre a la luz, no en lo oscuro, y eso vale mucho.

La democracia, sin embargo, no se decreta. Requiere madurez intelectual, moral y de valores. Y la corrupción no es solo un vicio de los políticos: está en la mordida que se ofrece al policía de tránsito, en el favor pedido en una oficina de gobierno, en el acomodo familiar en una empresa pública. Para erradicarla no bastan leyes ni filtros partidistas. Se necesita formar ciudadanos honestos desde el kínder, desde la primaria, desde el respeto cotidiano al otro.

Morena tiene errores. Morena tiene corrupción dentro —basta recordar el escándalo de Segalmex, uno de los mayores desfalcos del sexenio anterior, todavía sin sanciones contundentes—. Pero está en proceso de cambio, y, por primera vez en décadas, hay un partido en el poder dispuesto a discutir sus propios escándalos en público en lugar de enterrarlos. Eso no es poca cosa. La Cuarta Transformación no es un punto de llegada: es un camino. Va a tardar años en erradicar la corrupción; va a tardar generaciones en formar la madurez ciudadana que la democracia exige. El camino es difícil, incluso reversible. Pero es distinto al anterior. Y no podíamos seguir como estábamos.