La democracia, según algunos políticos, se preserva por decreto
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La esencia de la democracia no la determina el género; se obtiene y se fomenta mediante acciones respaldadas en el respeto a la libertad y, en el caso electoral, en la obediencia a la voluntad del ciudadano. Es el elector quien decide quién debe conducirla a través de la elección, cuyos resultados le favorezcan y, a su vez, reconozca con madurez cuando alguna decisión no le beneficia.
La democracia no establece que en una elección los candidatos deban ser en número igual hombres y mujeres. Esa paridad está suscrita para los partidos políticos en su manejo interior, es decir, en un contexto forzado con el objetivo de equilibrar la balanza entre géneros.
Esa decisión se tomó en virtud de que siempre se privilegiaba a los hombres para los puestos de elección popular, sin considerar que la mujer reviste un papel importante en la sociedad. Por lo tanto, ellas deben contribuir en puestos de responsabilidad con base en su preparación y formar parte de las soluciones en el quehacer cotidiano, sin ser relegadas. Claro que es de justicia que hoy reclamen espacios en todos los ámbitos, a pesar de que vivimos en una sociedad machista, pues siempre en nuestro país la mayor parte de los empleos han sido otorgados a hombres sin tomar en cuenta que la capacidad de algunas mujeres es superior.
Hace algunos años se determinó que, para elegir diputados federales y senadores, los partidos políticos debían escoger candidatos de una lista de prospectos, mitad hombres, mitad mujeres, y este antecedente ha sido extendido para que esa fórmula se emplee en las contiendas de diputados locales, alcaldes y gobernadores.
¿Por qué acotar la democracia? El Congreso y las alcaldías pueden formarse con o sin esa paridad; para ello, sólo se requiere poseer capacidad técnica para dirimir los asuntos que lleguen al Legislativo y al mando municipal. La tarea de los partidos políticos consiste en proponer candidatos o candidatas capaces, y dejar que el elector con su voto decida el número de hombres o mujeres. Garantizar equidad de género mediante una regla partidista adosada a la norma electoral no privilegia del todo la democracia.
Estamos casi a la mitad del sexenio del gobernador Manolo Jiménez y ya han surgido opiniones en algunos medios que hablan de su sucesión, lo que da pie para expresar la mía.
En dos meses llegaremos al tercer año de la administración estatal, a mi juicio, el que será el más sólido de la gestión. Al ser una etapa de estabilidad y de poder concentrado en el titular del Ejecutivo, es momento de redoblar el trabajo en obras de carácter social que la ciudadanía debe aquilatar, procurando guardarle la espalda a la salida, además del apoyo del bloque político de su partido y el de la alta burocracia estatal.
Al final del cuarto año es importante consolidar las definiciones para preparar el fin del sexenio enfocado en la construcción de estrategias que concluyan en visualizar, sobre bases más convincentes, a quien encabezará la sucesión.
A finales del quinto año o principios del sexto –teniendo presente la agitación producida por los duros martillazos del acontecimiento–, el partido del gobernador, cuya mayoría es inmensa, postulará a su candidato o candidata que luchará por el puesto. Se espera que el proceso se dé en una jornada tranquila –considerando que el Gobierno del Estado ha funcionado en forma por demás excelente, cuyo trabajo ha sido reconocido por la misma federación–, sustentada como resultado de una unidad partidista férrea que se ha sabido conducir, de manera que no se generen conflictos que provoquen acuerdos raspados sobre el o la seleccionada que den lugar a mostrar una inconformidad entre el líder de la administración pública que se va y algunos que pudieran surgir dentro de su propio partido, lo cual se tornaría muy peligroso con riesgo de fracturarlo y crear una posible inseguridad de triunfo de él o la aspirante. La selección debe ser firme, sea hombre o mujer (o demonio, esperemos que no).
Se lo digo EN SERIO.
