La licencia a Rocha Moya no será suficiente

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha solicitado licencia al cargo a partir de las investigaciones de la FGR sobre las imputaciones en su contra, de conformidad con el escrito de las autoridades norteamericanas en el que solicitan su detención provisional para efectos de extradición. Él y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa son los imputados. Para el régimen político es mucha la concesión de la licencia y, si se atienen a los precedentes de la época priista, serían definitorios, esto es, el abandono del cargo como sanción, pero nada más.

Desafortunadamente para el gobernador Rocha Moya y para el régimen político, la concesión de su retiro temporal del cargo es mayúscula, pero no suficiente. Quien le reemplazó, la secretaria de Gobierno, Yeraldine Bonilla, se pronunció por su inocencia. Su opinión poco cuenta para el caso judicial, sí mucho desde el punto de vista político, porque indica que no hay punto de quiebre, es continuidad, y de lo que se le acusa es de poner al gobierno al servicio del Cártel de Sinaloa. Se pretende decir que la separación no es reconocimiento de culpa y, efectivamente, sólo una sentencia hace culpable a cualquiera. Rubén Rocha se presume inocente hasta que una sentencia lo declare culpable. No fue la postura del régimen con sus enemigos, mucho menos con Genaro García Luna.

Ese precisamente es el dilema de la presidenta Sheinbaum. No hay culpa hasta que haya sentencia y no hay sentencia sin el debido proceso y pruebas suficientes que demuestren la responsabilidad del imputado. Dificultad mayor por varias razones: quizá la más importante, no de carácter legal, es que pesan sobre Rocha Moya consideraciones nada menores; la más relevante, él debió ser objeto de investigación desde que se dio a conocer su probable participación en el secuestro de “El Mayo” Zambada y en el homicidio de Héctor Melesio Cuén, su rival político.

Además, la FGR acreditó, fehacientemente, que las autoridades de Sinaloa habían encubierto el homicidio. El expresidente López Obrador, la presidenta Sheinbaum y la nomenclatura morenista le protegieron en lugar de proceder a investigarlo, por fundamentos de carácter político, porque el caso se reproduce en otros estados o porque la complicidad se extiende a niveles superiores del gobierno. Un error de la presidenta Sheinbaum es asumir una postura de reserva e implícito rechazo a las imputaciones de parte del Departamento de Justicia del gobierno norteamericano.

Las dificultades del gobierno para defender a Rocha Moya y demandar pruebas sobre su responsabilidad son inconsistentes con la postura de validar el uso de criminales en condición de testigos protegidos en el caso de Genaro García Luna, por ejemplo. En su momento señalamos que el hecho de que el gobierno de México aprobara y montara su comunicación en tales testimonios terminaría, con el tiempo, por revertirse a funcionarios del régimen obradorista. La soberbia y el interés de López Obrador de cobrarse el agravio con el expresidente Felipe Calderón le llevaron a cometer un error monumental. Por sentido común y valor de probanza, un criminal que ofrece su testimonio en la búsqueda de beneficios procesales debe tomarse con reserva.

Justo ese es el problema del exgobernador y los demás inculpados. El testimonio de Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, ha servido, entre otros elementos de prueba, para documentar la responsabilidad del exgobernador Rocha Moya en el acuerdo para la elección de 2021, donde el crimen organizado operó para favorecer, a través de recursos violentos, el triunfo de Rocha Moya, a cambio de que actuara a favor del Cártel de Sinaloa, declarado grupo internacional terrorista por el gobierno norteamericano.

La licencia no será suficiente porque el caso de Sinaloa no es aislado. Las autoridades norteamericanas tienen en su poder pruebas, como el teléfono móvil de Sergio Carmona, en el que constan diálogos que incriminan a candidatos y, posiblemente, al entonces dirigente de Morena, Mario Delgado. Las elecciones de gobernador de varios estados estarían bajo la misma tesitura, y eso compromete no sólo a los gobernadores aludidos, sino al partido receptor y gestor de los recursos. Bajo el esquema de organización terrorista, Morena no tiene futuro. Así de grave y así de contundente. Noticias del fin del mundo, el principio del fin.

La impunidad se vuelve contra el régimen político. Si en lugar de proteger al gobernador Rocha hubiera sido sometido a proceso penal por el encubrimiento en el homicidio de Melesio Cuén, a todos les hubiera salido barato.