La representación política de las minorías vulnerables
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Durante la semana, el Congreso del Estado y la Academia IDH abrieron el debate de la iniciativa que presentó el Ejecutivo del Estado para crear un modelo de diputación especial para asegurar la representación política de personas y grupos vulnerables.
Esta propuesta que hoy se debate para el proceso electoral local del próximo año, surge de la obligación que los tribunales electorales han impuesto a los congresos locales para garantizar la representación política de grupos especialmente discriminados que, por la idea de la democracia incluyente, exigen voz y voto en la conformación de la voluntad general.
La representación política de las minorías vulnerables ha sido parte de un debate contemporáneo. En forma tradicional se sostiene que las personas tienen derecho a ser electas, sin cuotas ni medidas de cupo especial. La voluntad popular expresa la regla de la mayoría: el que resulte electo por el mayor número de votos es el que tiene el derecho a representar a nuestra comunidad, independientemente de su condición personal.
Sin embargo, la ley de cupos plantea la necesidad de establecer en forma progresiva medidas apropiadas para asegurar la representación política de personas o grupos históricamente discriminados. El sufragio pasivo a favor de las mujeres fue el inicio. Luego el acceso al poder de las personas indígenas. Las personas con diversidad sexual o de género también luchan por las cuotas arcoíris. Las personas discapacitadas también exigen representación por su situación de vulnerabilidad que demanda mayor influencia en la toma de las decisiones públicas. Las personas migrantes igualmente exigen mayor representación. Las víctimas de violaciones graves en un contexto de inseguridad también luchan por sus derechos. En fin, la representación política de grupos vulnerables es uno de los fines de la sociedad democrática.
En Coahuila, se presenta hoy el debate de una iniciativa que plantea asegurar dos diputaciones locales a grupos vulnerables. La propuesta en discusión implica que cada partido político es libre de elegir, previa convocatoria, a las personas que postularán como grupo vulnerable conforme a una categoría internacional que establece la Carta de Derechos Políticos.
Esta iniciativa tiene por objeto asegurar una representación obligatoria de grupos vulnerables. Las candidaturas más votadas en una determinada circunscripción electoral plurinominal será la que obtenga la representación política del grupo vulnerable.
Pues bien, será el Congreso del Estado el que determine si esta propuesta se convierte en ley para que en la siguiente legislatura exista de forma obligatoria una representación política de esta naturaleza. Su validez, o no, dependerá de lo que digan los tribunales constitucionales competentes.
Sabemos, sin embargo, que la lucha de los derechos de grupos vulnerables no se agota con la democracia electoral. Es necesario influir en mejores estándares y políticas públicas a favor de la igualdad. Pero una representación política especial de estos grupos, en principio, debe generar una mayor pluralidad que refleje una mejor voz y voto para defender sus intereses que promuevan una sociedad más igualitaria.
CUOTAS NO-DISCRIMINATORIAS
En la teoría de la democracia, las cuotas son medidas apropiadas para ir construyendo en forma gradual una mejor representación. Es cierto que no se puede fragmentar la representación política: no es posible dividir para cada grupo un fragmento de la representación, so riesgo de pulverizar la voluntad popular que es fundamental en la democracia.
Pero, si el legislador así lo estima, es aceptable avanzar en la ley de cupos de grupos vulnerables. Su visión, concepción e intereses son fundamentales para construir una sociedad más libre, igualitaria y fraterna.