Las denuncias de la ASE, ¿sirven realmente de algo?

La Auditoría Superior del Estado (ASE), órgano responsable de fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos en Coahuila, ha sumado un nuevo paquete de denuncias penales a la ya muy larga lista de actos presuntamente irregulares que ha hecho del conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción.

En esta ocasión, de acuerdo con el reporte que publicamos en esta edición, se presentaron denuncias a partir de los hallazgos surgidos de las auditorías realizadas, a las cuentas públicas del año 2021, en 23 entes públicos de Coahuila. Entre ellos figuran, de forma destacada, gobiernos municipales, sistemas de agua y organismos de seguridad social del magisterio estatal.

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En total, de acuerdo con la ASE, el daño patrimonial causado por las acciones de diversos servidores públicos alcanza los 411 millones de pesos, una cantidad que no requiere de mayor argumentación para dejar clara su relevancia.

Vale la pena puntualizar un hecho: lo que la ASE está diciendo, al presentar las denuncias, es que sus auditorías revelan la posible comisión de hechos delictivos, es decir, que la actividad de los servidores públicos a los cuales revisó se ubica lejos del error o de la equivocación dispensable.

Pese a ello, la ASE ha optado siempre por presentar denuncias “en contra de quien resulte responsable” y “por los delitos que resulten”, es decir, se ha negado sistemáticamente a señalar directamente a las personas que podrían ser responsables de los presuntos delitos que dice haber detectado.

¿Por qué la institución a cargo de Manuel Rodríguez Briones no denuncia a personas concretas −que sí pueden ser penalmente procesadas− y en su lugar endereza las acusaciones en contra de instituciones públicas que, por definición, son entelequias a las cuales no es posible sentar en el banquillo de los acusados?

La respuesta que se ha dado en el pasado es que se trata de “dejar en libertad” a la Fiscalía Anticorrupción para que dicho ente analice los hechos, tipifique las conductas y, en su caso, identifique a quienes considere serían los posibles responsables de la misma.

El problema con ello es que las denuncias presentadas por la ASE derivan de procesos de auditoría y del agotamiento de un procedimiento mediante el cual se solicitó, a personas concretas, la aclaración de las observaciones realizadas a partir de los hallazgos de la auditoría.

En otras palabras, el procedimiento realizado por la ASE identifica con claridad a los presuntos responsables de los ilícitos denunciados y, a pesar de ello, se prefiere no señalarles con claridad.

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Esto ha derivado en una realidad puntual que no puede calificarse sino como decepcionante: los cientos de denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción a lo largo de los años han terminado diluyéndose en el aire y no han producido nada más allá de notas periodísticas.

Frente a esto resulta obligado cuestionar para qué sirven realmente las denuncias de la ASE. Hasta ahora, realmente sólo para generar momentos de pirotecnia discursiva y poco más.