Logros de la Nueva Auditoría
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La capacidad de la ASF para ampliar su cobertura sin recursos adicionales refleja una evolución hacia prácticas más eficientes, incorporando herramientas tecnológicas y enfoques preventivos que minimizan costos operativos
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) guarda relación directa con la totalidad de los entes públicos que ejercen recursos públicos federales en todos los niveles de gobierno. Además de esta relación necesaria con los sujetos obligados a los que audita, guarda relación sustantiva con el Poder Legislativo, específicamente con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Vigilancia de la ASF. Esta relación definida por la Constitución y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación es lógica en tanto la Cámara representa los intereses del pueblo y, por tanto, tiene la potestad en la decisión de los recursos públicos, tanto en la presupuestación como en la fiscalización del ejercicio del gasto público.
Esta función de revisar el uso de los recursos públicos asegura que se destinen y ejerzan de manera adecuada y se prevengan, detecten y observen las irregularidades. El cierre del ciclo de revisión de la Cuenta Pública 2024, correspondiente al último año de la administración federal anterior, ofrece una oportunidad para examinar los avances en esta materia. Si se realiza un análisis detallado de los informes entregados recientemente, se evidencia un progreso notable en la amplitud y profundidad de las auditorías, lo que fortalece la gobernanza y la confianza ciudadana en las instituciones.
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La Tercera Entrega de los Informes Individuales, presentada el 17 de febrero de 2026 ante la Comisión de Vigilancia, culminó un proceso exhaustivo que abarcó un total de 2 mil 264 auditorías para la Cuenta Pública 2024. Esta cifra representa un hito en la historia de la ASF, superando los volúmenes registrados en ejercicios previos. En 2024, la distribución de las auditorías incluyó 153 de cumplimiento financiero, enfocadas en verificar la adherencia a normas presupuestales; 35 de desempeño, que evalúan la eficacia y eficiencia de programas gubernamentales; y mil 378 dirigidas al gasto federalizado.
Esta expansión en el número de auditorías no se limitó a un incremento cuantitativo, sino que implicó una mayor cobertura geográfica e institucional. La ASF extendió su alcance a 186 entidades federales, un avance que permite una supervisión más integral de los recursos distribuidos a nivel subnacional. Los informes destacan que, en el marco de esta revisión, se detectaron observaciones por un monto total pendiente de 65 mil 169 millones de pesos, de los cuales una fracción significativa ya se encuentra en proceso de aclaración o recuperación.
Es importante también reconocer en este ejercicio el profesionalismo del equipo auditor de la ASF.
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Los hallazgos específicos presentados en este informe ilustran la utilidad de los procesos de fiscalización, su enfoque preventivo y su contribución en el combate a posibles hechos de corrupción, apegados a criterios técnicos y metodológicamente rigurosos. Por ejemplo, en lo relacionado con las recuperaciones –con más de mil 146 millones ya reintegrados en etapas previas– demuestra que el proceso no termina en la detección, sino en la corrección efectiva, contribuyendo a un ciclo virtuoso de mejora institucional.
La capacidad de la ASF para ampliar su cobertura sin recursos adicionales refleja una evolución hacia prácticas más eficientes, incorporando herramientas tecnológicas y enfoques preventivos que minimizan costos operativos. Históricamente, esta tendencia marca un contraste con periodos anteriores, donde limitaciones presupuestales restringían el alcance, resultando en coberturas inferiores al 50 por ciento de las entidades federativas.
La revisión de la última Cuenta Pública 2024 es una muestra de cómo una fiscalización robusta (como la lograda en el modelo de Nueva Auditoría) fortalece el Estado de derecho y la equidad social. Al identificar y abordar irregularidades, la función de fiscalización protege el patrimonio público y promueve una cultura de rendición de cuentas que beneficia a todos los mexicanos.
