‘Los Chorros’: ¿alguien va a atender el problema?

Una de las actitudes de nuestros servidores públicos que mayor reproche genera entre la ciudadanía es la indiferencia frente a fenómenos que claramente demandan atención urgente. Se trata de una actitud incomprensible porque rema en la dirección contraria del sentido común. Pese a ello, por desgracia, se trata de una práctica muy extendida.

Un ejemplo contundente de lo anterior es lo que ocurre cotidianamente en el tramo de la carretera 57, conocido como “Los Chorros”: la realidad convoca con urgencia a la implementación de acciones para reducir su peligrosidad, pero nadie parece sentirse aludido, en ninguno de los tres órdenes de gobierno.

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Cuando mucho, las tragedias que enlutan con indeseable frecuencia a familias de todo el país se convierten en munición política para que los grupos antagónicos que detentan el poder se recriminen por lo ocurrido, “den la nota” y se olviden del asunto... hasta que ocurre el siguiente percance.

La pregunta es obligada: ¿en verdad no puede hacerse nada para mejorar la seguridad de dicho tramo?

La interrogante no es un ejercicio de retórica, sino un planteamiento serio. Porque hasta ahora la inacción de las autoridades pareciera responder en sentido negativo, aunque silenciosamente, al cuestionamiento.

Y es que sin importar la gravedad de los hechos −como los ocurridos este lunes, por ejemplo−, nada, absolutamente nada, se hace. Esta actitud pareciera querer decir que nada puede hacerse.

Tal circunstancia obliga a reiterar la pregunta: ¿de verdad no puede hacerse nada? ¿No existe ninguna medida preventiva capaz de atajar con eficacia las causas que provocan los demasiados accidentes que reseñamos de forma cotidiana?

El más elemental sentido común dice que no es posible aceptar una respuesta negativa a las preguntas anteriores. Sin duda existen opciones y no son pocas. Desde el establecimiento de filtros para revisar las condiciones mecánicas de las unidades de carga −responsables de casi la totalidad de los accidentes−, así como el estado físico de los conductores, hasta la instalación de mecanismos que obliguen a circular a baja velocidad, el catálogo de medidas sin duda es amplio.

Hay que decirlo con toda claridad: el fenómeno se encuentra en el estado actual porque la inacción de las autoridades lo ha dejado crecer. Los accidentes son prohijados por prácticas indeseables −e incluso ilegales− que quienes tienen la obligación de regular la actividad del transporte de carga en México han decidido ignorar.

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No estamos ante un producto del azar ni ante un infortunio de la vida frente al cual no quede sino encogerse de hombros y resignarse. Estamos ante un producto directo de la conducta humana que puede −y debe− modificarse.

Pero para que ello ocurra es indispensable que quienes tienen responsabilidades públicas las asuman sin ambigüedades y, a partir de ello, actúen sin dilación. Esperemos que no haga falta acumular más muertos para que ello ocurra.