Los derechos de las personas mayores y los rezagos a resolver

En las últimas décadas ha cobrado relevancia el tema de los derechos de las personas mayores y la necesidad de que los países implementen políticas públicas adecuadas para su atención. En 2002 se celebró en Madrid la Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, en la que se puso énfasis en el cambio demográfico que se presentaba en ese momento ante el rápido incremento del número de personas de más de 60 años en los países desarrollados y en vías de desarrollo.

En el Plan de Acción sobre Envejecimiento que derivó de dicha Asamblea se acordaron los siguientes objetivos prioritarios: I) Reconocer la contribución social, cultural, económica y política de las personas de edad; II) Promover su participación en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles; III) Brindar oportunidades de empleo a todas las personas de edad que deseen trabajar; IV) Promover la solidaridad intergeneracional; V) Combatir la desigualdad y la pobreza de este grupo de población; VI) Garantizar educación y vivienda digna para esas personas.

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Asimismo: VII) Garantizarles un ingreso mínimo suficiente; VIII) Darles atención prioritaria en situaciones de emergencia; IX) Fomentar la salud y el bienestar en la vejez; X) Mejorar la disponibilidad de transporte accesible y económico; XI) Prevenir el abandono, el maltrato y la violencia, especialmente hacia las mujeres mayores; y XII) Promover un mayor reconocimiento público de la sabiduría, la productividad y otras contribuciones importantes de las personas de edad que contrarreste la imagen y los estereotipos negativos sobre el envejecimiento presentes en muchas sociedades.

El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de la ONU emitió una resolución en la que mencionó que en el año 2050 más del 20 por ciento de la población mundial tendrá 60 años o más, por lo que consideró prioritario reconocer la contribución esencial que la mayoría de las mujeres y hombres de edad pueden hacer para el funcionamiento de la sociedad, exhortó a los Estados a reforzar las perspectivas de género y discapacidad en las políticas en materia de envejecimiento y determinó designar el 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

El 15 de junio de 2015 se adoptó en Nueva York la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. El instrumento de adhesión a dicha Convención fue suscrito por el Ejecutivo federal el 11 de enero de 2023, y el 20 de abril pasado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto promulgatorio, que establece el 27 de abril de este año como la fecha de su entrada en vigor.

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Si bien en México fue publicada en 2002 la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que establece en términos generales las políticas públicas que deben implementarse por las instituciones de los tres niveles de gobierno para favorecer esos derechos, algunos documentos dan cuenta de los rezagos que aún existen en esa materia.

En el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Personas Mayores en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana, se menciona que el 44 por ciento de las personas mayores de 60 años en prisión se encuentran clasificadas inadecuadamente al estar ubicados en los pisos superiores de los penales o en la parte alta de las literas en los dormitorios; el 29 por ciento carece de accesibilidad al no existir rampas o espacios para que puedan movilizarse; un 11 por ciento carece de programas de reinserción social y el 8 por ciento carece de dietas adecuadas para su edad.

Asimismo, en el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México, publicado también por esa Comisión Nacional, se destacó el número de personas mayores que obtienen ingresos trabajando en el sector informal, el cual supera a quienes cuentan con un empleo o jubilación que les permita acceder a los servicios de seguridad social, entre ellos los servicios médicos.

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Agrega que la mayoría de los servicios de salud que se ofrecen en el país no cuentan con una cobertura especial de servicios y cuidados paliativos para personas que padecen enfermedades crónico-degenerativas, lo que reduce la esperanza de vida de quienes han adquirido esta condición y que son parte del proceso de envejecimiento. Destaca también que los delitos patrimoniales, la violencia familiar y las lesiones representan los principales delitos que se cometen contra esas personas, lo que se agrava ante el gran número de carpetas de investigación de esos delitos cuyo estatus se desconoce, que no son consignadas o que se archivan después de un tiempo, lo que vulnera en su perjuicio su derecho de acceso a la justicia.

Datos como estos de México y otros países fueron recogidos en el Informe publicado el 23 de mayo pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lleva por título “Derechos humanos de las personas mayores y los sistemas nacionales para su protección”, en el que hace un repaso de la situación de este grupo de población en el continente. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez es importante reflexionar sobre los derechos de las personas mayores y las tareas que nos corresponde poner en marcha como personas y como sociedad a fin de garantizar sus derechos y darles el respeto, el trato y la dignidad que merecen.

El autor es Director del Centro de Educación para los Derechos Humanos de la Academia IDH

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH