Los gobernadores de Morena tampoco mandan

La mañana del lunes 8, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), de la Normal de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, emitió un comunicado para denunciar los nombramientos de Ludwig Marcial Reynoso como asesor de la Secretaría de Gobierno y de Francisco Rodríguez Cisneros como subsecretario de Desarrollo Político y Social.

Reynoso es el secretario general de Gobierno destituido tras el asesinato del estudiante Yanqui Kothan Gómez Peralta, el 7 de marzo, y Rodríguez −un funcionario cercano al senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado− es el exdirector de Gobierno. Casi al mismo tiempo, la sede del Poder Ejecutivo de Guerrero era atacada con petardos y bombas molotov por un grupo de jóvenes manifestantes. El Gobierno del estado desmintió, también mediante un comunicado de prensa, que haya otorgado algún cargo al exsecretario. Para el caso es irrelevante: ni los estudiantes lo creen, ni despejan el centro de su demanda: justicia.

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El asesinato de Yanqui Kothan no sólo es un acto que retrata la decadencia de las fuerzas de seguridad: es un registro de la forma en la que se opera para manipular la escena de un crimen y dejarlo impune. Al normalista se le mató a mansalva, y al estudiante que se hallaba con él se le sometió a tortura, lo mismo que a otros tres de sus compañeros. La idea era que respaldaran la versión oficial: que rehuyeron al registro tras marcarles el alto −porque presumiblemente viajaban en un vehículo con reporte de robo− y en el intento abrieron fuego hacia los oficiales.

Esa narrativa hubiera prevalecido si no es porque el Presidente la desmintió. Aun así se permitió la fuga del agente que realizó el disparo. El escándalo hizo obligada la renuncia de Ludwig Marcial, así como la del secretario de Seguridad, Rolando Solano, y de la fiscal, Sandra Luz Valdovinos. El punto del reclamo, sin embargo, es que ninguno es investigado, ni enfrenta cargos de orden penal. En el comunicado, la federación de estudiantes no sólo se dice agraviada por ello, sino burlada por el nombramiento como asesor que, insisten, se concedió al exsecretario de Gobierno.

El espectro por la desaparición de los 43 y el homicidio de Yanqui Kothan establece un nuevo episodio de la crisis política que enfrenta el Gobierno estatal, y también el federal. Sin embargo, está lejos de ser el único. Guerrero es referente obligado cuando se habla de corrupción e ingobernabilidad. Lo es, sobre todo, en el contexto de la sucesión presidencial. En su segundo informe preliminar 2023-2024, el Laboratorio Electoral la sitúa como la entidad con mayor número de atentados. Hasta el 29 de marzo, cinco aspirantes fueron asesinados y la misma suerte corrieron otras siete personas relacionadas con el proceso.

Junto con Michoacán y Chiapas, Guerrero conforma el triángulo de zonas rojas en el marco de las campañas. Son tres estados bajo gobierno de Morena que, se quiera o no, debilitan el discurso de la Cuarta Transformación en materia de seguridad. Primero, porque no puede hablarse de avances y, segundo, porque despoja de honestidad cualquier crítica que en tal sentido se realice hacia gobiernos de oposición.

Tras el asesinato de Gisela Gaytán, la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, López Obrador cargó en contra el gobernador Diego Sinhue Rodríguez. Dijo que en el estado no manda él, sino “un grupo de personas”, y señaló al fiscal Carlos Zamarripa como principal responsable del clima de violencia criminal que se vive desde hace años.

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Puede que ambas observaciones sean verdad. El problema es que de las nueve entidades con mayor proporción de asesinatos por número de habitantes, Guanajuato se coloca a mitad de la tabla y, excepto Chihuahua, el resto es gobernado por su partido. ¿Quién manda en Guerrero y Michoacán, en Colima, Morelos y Zacatecas?

De vuelta a las acciones de los normalistas en Chilpancingo, es probable que sus demandas de justicia queden nuevamente en el vacío. Si nos apegamos a la lógica del presidente, Evelyn Salgado no manda en el estado que gobierna y, por lo tanto, está imposibilitada para ofrecer garantías de nada. Pasa lo mismo en Sinaloa o en Michoacán, en donde otro grupo, este de comuneros de Arantepacua, incendiaron la casa de gobierno y vehículos para reclamar lo mismo que los estudiantes. Pero allí tampoco manda el gobernador.