‘Los militares, en el rancho La Vega’, una obligada lectura

Lectura obligada es la colaboración del 23 de septiembre de Pablo Ferri en El País, titulada “Los militares, en el rancho La Vega: patadas en la cara, tablazos y agresiones sexuales”. Los hechos dan cuenta de la doble agresión que sufrieron los jóvenes rehenes del CJNG, presuntamente por militares, tras la denuncia de que allí operaba un campo de exterminio. Lo ocurrido obliga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Fiscalía General de la República (FGR) a realizar una investigación rigurosa sobre los hechos para deslindar responsabilidades. Los datos que aporta Pablo Ferri ratifican la hipótesis de que fueron militares los de la infamia; la Sedena, hasta ahora, no ha dado respuesta sobre el asunto a partir de una solicitud de información.

En mal momento se pone al descubierto la conducta criminal de los militares, de ser soldados los autores de las atrocidades con los jóvenes retenidos, quienes han sido liberados casi en su totalidad por el juez en su condición de víctimas. Las declaraciones existen de manera formal y dan sustento a la colaboración periodística. Como bien dijera el secretario almirante Raymundo Pedro Morales, el silencio es inaceptable, hay que asumir la verdad con todas las consecuencias; por lo mismo, las autoridades deben investigar y sancionar con severidad a los responsables, sin importar su condición, jerarquía o calidad civil.

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Una de las razones para rechazar que las fuerzas armadas realicen tareas de seguridad pública es el riesgo de violación de los derechos humanos. Los soldados están para aniquilar al enemigo, no para detenerlo. Cierto que existen países democráticos con policías militares; son la excepción y desarrollan una carrera diferenciada para no confundir la misión de salvaguardar la soberanía nacional, propia de los militares, con la de seguridad pública. Ahora mismo, en Estados Unidos se presenta una controversia que habrá de resolver la Corte, derivada del despliegue ordenado por el presidente Trump de fuerzas militares en algunas de las ciudades gobernadas por demócratas, bajo el argumento de una supuesta lucha contra la elevada criminalidad de dichos lugares.

El presidente López Obrador intentó resolver el asunto de la peor manera. Por una parte, anuló a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para representar a los ciudadanos agraviados por la actuación de las fuerzas armadas; por la otra, ordenó al Ejército y a la Guardia Nacional militarizada no actuar frente a los criminales, excepto para repeler agresiones. El resultado fue desastroso: ciudadanos en estado de indefensión, y los grupos delictivos creciendo, diversificándose y penetrando el tejido social, económico, político e incluso el de las propias fuerzas de seguridad.

Una auténtica tragedia nacional ratificada por el llamado huachicol fiscal, negocio multimillonario a costa del país; organizado, controlado y promovido desde los más elevados niveles de gobierno con la participación de la Marina, otrora una institución de elevado prestigio por su probidad, profesionalismo y lealtad. Uno de los peores legados del obradorismo que la presidenta Sheinbaum se ve obligada a superar. Al menos hubo voluntad para hacer público el caso; ahora la exigencia a las autoridades es que hagan propia la verdad, con todas sus implicaciones, y llegar tan lejos como exija la justicia.

Los hechos, objeto del reportaje, no deben ser ignorados, convalidan a la investigación periodística y a la libertad de expresión como los recursos más útiles de una sociedad para defenderse del abuso y de los excesos de poder. Es evidente que el Estado ha perdido capacidad para autoinvestigarse y que sólo la denuncia externa mueve a las autoridades para actuar en tales circunstancias. Una pena, y un riesgo mayor, cuando la imputación viene de las autoridades norteamericanas.

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La CNDH, el Congreso o el Poder Judicial son las instituciones encargadas de garantizar los derechos humanos, pero todo se ha anulado. Las instituciones dejaron de cumplir con sus responsabilidades. A la sociedad sólo le queda la denuncia a través de los medios de comunicación o la movilización, a manera de llamar la atención de las autoridades para actuar en consecuencia. La mayoría silenciosa, sin embargo, queda en estado de indefensión.

El poder se ha concentrado en la Presidenta. No hay otras instancias públicas del Estado mexicano que puedan activar la investigación sobre las atrocidades de autoridades, en este caso, presuntamente militares. No debe prevalecer la indiferencia; se debe actuar con claridad, determinación, energía y romper con la impunidad. También aprender de la tragedia para que hechos como los narrados no sean parte de la nueva normalidad que ha acompañado al cambio de régimen.