Los mortales ‘pocitos’ de carbón suman dos nuevas víctimas

La tragedia enlutó nuevamente ayer a la Región Carbonífera. Dos trabajadores de los denominados “pocitos”, de 29 y 40 años, fallecieron al caer dentro del pozo en el cual laboraban, aparentemente porque el malacate que se utiliza para descender al área de explotación se reventó.

José Guadalupe y Juan Jesús son los nombres que se unen a la muy larga lista de personas que han perecido realizando la actividad que constituye su única forma de obtener un ingreso y que implica un riesgo constante que a nadie parece importar, pues las ganancias de la actividad extractiva se encuentran por encima de la vida humana.

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Como ha ocurrido en numerosas ocasiones, la información conocida ayer indica que el “pocito”, propiedad de la empresa Minera Fuga, había sido restringido en su actividad por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero a pesar de ello seguía operando.

La enésima tragedia pone en evidencia, una vez más, lo que se ha dicho en innumerables ocasiones: esta forma de extracción del carbón constituye una trampa mortal para quienes trabajan en ella y las autoridades tendrían que actuar para evitar que sigan sumándose víctimas mortales causadas por las pésimas condiciones en las cuales operan.

Para que ello ocurra, sin embargo, es indispensable que se ponga, por encima de cualquier otra consideración, la seguridad e integridad de los trabajadores del carbón. Porque en torno a ellos opera hoy un círculo vicioso del cual las autoridades federales son partícipes.

Y es que los contratos a cuyo amparo se realiza la extracción del carbón mediante “pocitos” son otorgados por la Comisión Federal de Electricidad y el precio fijado para el carbón obtenido a través de este método representa el elemento central de toda la trama.

Esto es así, porque quienes operan los “pocitos” lo hacen, por supuesto, desde una perspectiva “empresarial”, es decir, con la intención de obtener ganancias. Hacer esto es válido, desde luego, pero no a cualquier costo. Y es allí donde la autoridad debe intervenir en favor de los mineros.

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Porque si el precio que se paga por el carbón -con dinero público- es insuficiente para garantizar que la actividad se realice en condiciones de seguridad, entonces la propia actividad de la CFE está contribuyendo a generar los riesgos y, ulteriormente, la muerte de quienes, como los dos mineros fallecidos ayer, tienen la mala fortuna de coincidir en el momento en que ocurre un siniestro.

No es lo ocurrido, sin embargo, un infortunio de la vida. Por el contrario, estamos ante el único resultado esperable de persistir en una práctica que, una y otra vez, ha puesto en evidencia que la ambición económica y el abandono de las responsabilidades públicas prohijan la tragedia.

¿Cuántas vidas más deben perderse para que se ponga fin a esta práctica mortal? Cabría esperar que la respuesta fuera: ninguna.