Los partidarios de Trump deberían tener cuidado con lo que desean

Por Simon Johnson y Stan A. Veuger

El 5 de noviembre, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchará los argumentos orales en un caso que impugna los “aranceles recíprocos” del presidente Donald Trump. Como hemos argumentado en un escrito amicus curiae firmado por decenas de economistas que representan una amplia gama de ideologías, partidos políticos y trayectorias profesionales, la Corte debería ponerse del lado de los tribunales inferiores y declarar ilegales los aranceles.

Si no lo hace, los aranceles perjudiciales de este año seguirán en vigor -es decir, hasta que el presidente decida nuevamente cambiar las tasas, eximir a determinadas industrias o castigar a determinados países-. Peor aún, la Corte consolidaría la capacidad de Trump -y de cualquier presidente- para imponer políticas económicas transformadoras sin necesidad de someterlas a votación en el Congreso.

TE PUEDE INTERESAR: Los tribunales definen el futuro de la acción climática

Hasta ahora, la Constitución de Estados Unidos se ha interpretado generalmente en el sentido de que se requiere la autorización expresa del Congreso para cambiar las normas fundamentales que rigen el funcionamiento de la economía. Lo que está en juego en este caso es nada menos que la modificación efectiva de la Constitución para otorgar al poder ejecutivo amplios poderes unilaterales sobre la economía.

La mayor parte de los aranceles impuestos por Trump en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA por su sigla en inglés) se han justificado como respuesta a una supuesta emergencia causada por la “amenaza única y extraordinaria” que supuestamente representa el déficit comercial. Nuestro escrito amicus curiae refuta esta afirmación sobre la base de que el déficit comercial no es único, ni extraordinario, y definitivamente no es una amenaza.

Estados Unidos ha registrado déficits comerciales durante muchas décadas, pero su capacidad para comprar más al resto del mundo de lo que vende se financia con capital extranjero que fluye voluntariamente hacia los mercados de bonos y acciones estadounidenses. Estos años se han caracterizado por un fuerte crecimiento del empleo, respaldado por una innovación sin igual en el mundo y unas tasas impresionantes de creación de nuevas empresas. Sea cual sea su opinión sobre los problemas subyacentes de Estados Unidos, estos no son consecuencia del déficit comercial.

Ahora bien, la administración también ha justificado los aranceles de la IEEPA por otros motivos. Por ejemplo, ha impuesto aranceles con el pretexto de combatir la epidemia de fentanilo y para presionar a Brasil para que no procesara al expresidente Jair Bolsonaro. También amenazó con imponer aranceles a Colombia en enero, cuando este país se negó a aceptar vuelos militares con migrantes deportados. Como si quisiera desafiar a la Corte, la semana pasada Trump anunció un arancel adicional del 10% a las importaciones canadienses porque la provincia de Ontario publicó un anuncio contra los aranceles en el que se incluía una grabación con las opiniones del expresidente Ronald Reagan sobre el comercio.

La administración parece creer que la IEEPA le permite declarar prácticamente cualquier cosa como una amenaza única y extraordinaria; afirma que las decisiones del presidente son “en esencia judicialmente irrevisables”. El presidente puede así declarar una emergencia que le da acceso a la amplia gama de herramientas que ofrece la ley, no solo a los aranceles.

Pero lo cierto es que la IEEPA ni siquiera menciona los aranceles. Sí otorga al presidente muchas otras facultades, como la capacidad de “prohibir... la importación o exportación de divisas o valores”, o de “regular... las transferencias de crédito o pagos entre, por, a través de, o a cualquier institución bancaria, en la medida en que dichas transferencias o pagos impliquen algún interés de cualquier país extranjero o de un ciudadano del mismo”. El presidente también puede “anular... cualquier transferencia... de... cualquier propiedad en la que cualquier ciudadano [extranjero] tenga algún interés”.

En el futuro, bajo un presidente diferente, estas herramientas podrían utilizarse fácilmente para fines que probablemente no serían del agrado de los partidarios de Trump. El presidente podría declarar una emergencia climática, como exigieron muchos en la izquierda durante la administración del presidente Joe Biden, e imponer un Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono (CBAM por su sigla en inglés) al estilo de la Unión Europea. Si los aranceles “recíprocos” son válidos en virtud de la IEEPA, un arancel que varía en función del carbono emitido en la producción de bienes y servicios importados seguramente también sea válido. En todo caso, el argumento de que los aranceles “abordan” esa cuestión (que se convertiría en una declaración de emergencia) es más fácil de defender que en el caso que se está litigando actualmente.

El presidente también podría declarar una emergencia por la erosión de la base impositiva corporativa y utilizar las herramientas de la IEEPA para imponer un impuesto mínimo global. La administración Biden llegó a un acuerdo con más de 130 países para establecer un régimen fiscal de este tipo, que nunca llegó a aplicarse debido a la oposición del Congreso. Con las herramientas de la IEEPA en mano, una futura administración de izquierda podría implementar un régimen fiscal de estas características sin la autorización del Congreso. Podría centrarse en las empresas que se considera que no tributan lo suficiente y castigar a los países en los que operan (y obtienen beneficios) con aranceles y otras restricciones económicas.

O el presidente podría declarar una crisis de criptocorrupción. Entonces podría prohibir todas las transacciones de criptomonedas en las que participen contrapartes extranjeras, o exigir informes detallados sobre cada transacción de criptomonedas “en la que cualquier país extranjero o cualquier ciudadano del mismo tenga o haya tenido algún interés” -en otras palabras, todas las transacciones de criptomonedas.

Todos estos esquemas, y muchos más, se basan en la misma interpretación de la IEEPA que la administración Trump está pidiendo a la Corte Suprema que respalde.

El Congreso ha sido efectivamente impotente ante una declaración de emergencia desde que la Corte Suprema prohibió el veto legislativo, ya que ahora se requiere una mayoría a prueba de veto tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado para anular la decisión del presidente. Esto significa que destituir al presidente es más fácil que anular su decisión de que nos encontramos en medio de una emergencia causada por la amenaza única y extraordinaria que representan los anuncios publicitarios canadienses.

Afortunadamente, incluso si la Corte decide interpretar la ley de esta manera, todavía puede señalar las limitaciones constitucionales a la capacidad del Congreso para delegar sus poderes al poder ejecutivo. En virtud de la llamada doctrina de las cuestiones importantes (establecida por la Corte Suprema bajo la presidencia del actual presidente de la Corte, John Roberts, en 2014), una decisión “de gran importancia económica y política” requiere una autorización clara del Congreso, más explícita que el lenguaje amplio de la IEEPA.

La Corte ha aplicado la doctrina de las cuestiones importantes a medidas ejecutivas como la moratoria de desalojos decretada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades durante la pandemia, argumentando que la justificó un impacto económico de 50.000 millones de dólares. El impacto de los aranceles de Trump es muchísimo mayor.

Existe una línea argumental, respaldada por el juez Brett Kavanaugh en su voto concurrente en el caso FCC vs. Consumers’ Research a principios de este año, según la cual la doctrina de las cuestiones importantes solo se aplica a asuntos nacionales. Eso no debería tener importancia para el caso que nos ocupa. En las primeras décadas de la República, los ingresos arancelarios solían constituir más del 80% -y a menudo más del 90%- de los ingresos federales.

En ese contexto, una excepción en materia de política exterior a la doctrina de las cuestiones importantes que se aplica a los aranceles, y que reconoce la autoridad independiente del presidente para imponer aranceles, parece totalmente incompatible con la Constitución, que asigna al Congreso la facultad de recaudar ingresos. Los tribunales federales inferiores ya han llegado a esa conclusión. La Corte Suprema debería confirmarla.

Simon Johnson, premio Nobel de Economía en 2024 y execonomista jefe del Fondo Monetario Internacional, es profesor de la Escuela de Administración Sloan del MIT y coautor (junto con Daron Acemoglu) de Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity (PublicAffairs, 2023). Stan Veuger es investigador principal de estudios de política económica en el American Enterprise Institute y profesor visitante de Economía en la Universidad de Harvard.

Project Syndicate, 2025.

www.project-syndicate.org