Magistrados endebles; una geografía ‘narca’

Extorsión y guerra de exterminio. Si hubiera dudas sobre si el Ejecutivo alentó o no la crisis del tribunal electoral, lo que sí parece indudable es que el presidente López Obrador es el primer beneficiado. Cierto, con la renuncia anunciada para el año nuevo del magistrado presidente ganan también los magistrados renuentes a las auditorías: a la rendición de cuentas de las áreas bajo su control, así como a un reordenamiento administrativo para corregir inercias, luchas internas por cotos, prebendas injustificadas y ostentaciones externas de poder.

Pero también es cierto que todo juzgador envuelto en polémicas por conservar privilegios, es decir, todo sospechoso de participar en corruptelas y opacidades se convierte en una pieza endeble, expuesta a la extorsión para obligarlo a resolver conforme al interés de Palacio. El Presidente prefiere magistrados vulnerables y vulnerados en su reputación, sobre magistrados honorables. Porque, además, toda exhibición pública de vicios se vuelve una pieza valiosa para la estigmatización de los órganos autónomos que han mantenido mayores grados de independencia y que hoy enfrentan la declaración de guerra total, de exterminio, decretada por el Presidente.

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Inmadurez y arcaísmo. Por otra parte, conductas y actitudes personales de la inmadurez y el arcaísmo, mostrados a cinco meses y medio de las elecciones, minan el respeto indispensable para fundar la solvencia social requerida a la hora de declarar al ganador de la inminente elección presidencial. Las faltas de seriedad y decoro agregan un elemento más de incertidumbre a las cruciales elecciones de junio próximo. La mezquindad de las “reivindicaciones”, quejas y “agravios” (los conocidos y los no tan desconocidos) más las relaciones torcidas con el entorno palaciego de, al menos, una, o uno, de los tres magistrados “en rebelión”, exhiben su estatura, a todas luces disfuncional con la gravedad, el tamaño y la trascendencia de sus responsabilidades. El infantilismo de sus poses ante las cámaras los retrató en franca inconsistencia con sus delicadas funciones.

Idoneidad en entredicho. Quizás la Corte deba agregar −a la hora de elaborar ternas futuras de aspirantes a magistrados electorales− nuevas pruebas de idoneidad, con exámenes de la personalidad requerida para el ejercicio maduro de las atribuciones que les asigna la ley. Y es que, el ejercicio desviado de la autonomía individual de cada uno de los juzgadores, pone en entredicho la autonomía del cuerpo colegiado en su conjunto. Y evidencia las vulnerabilidades de un organismo en la mira de Palacio, con su guerra de pulverización de las instituciones autónomas.

Nuevo mapa político. Las masacres de este fin de semana ponen al descubierto el control territorial del crimen sobre buena parte de media docena de estados del centro y de la costa de nuestro Pacífico Sur. Sin presencia gubernamental alguna, sólo se registró la resistencia heroica de una comunidad del municipio de Texcaltitlán, en el Edomex. A ello se agrega la ocupación criminal de extensiones en los estados del norte y el Golfo, más los del Pacífico noroccidental. Pero la clave la dio el Presidente al mentir sobre el asesinato de los estudiantes de Celaya dos fines de semana atrás.

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Los mataron, dijo, porque “fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo drogas”, falseó. Pero enseguida acertó al describir en tono de aterradora normalidad que el problema fue que el vendedor estaba “en un territorio que pertenecía a otra banda”. Y esto plantea la urgencia de un nuevo mapa de la división política del país para saber dónde estamos. Sobre estados y municipios, la frase del Presidente pareció extender una carta de normalización a las “pertenencias” de los cárteles sobre “sus” territorios. Una nueva geografía nacional.

El autor es Profesor de Derecho a la Información en la UNAM