Mal cálculo del régimen de la 4T

Invariablemente, la política transita por la incertidumbre; es propio de la realidad y más en una democracia, donde el poder dividido, la economía y la volatilidad de las intenciones de voto hacen que las autoridades actúen sobre premisas distantes de las certezas. Los proyectos autoritarios pretenden acabar con la incertidumbre. Repudian la legalidad porque limita su poder, erigen reglas y colonizan instituciones para evitar la rendición de cuentas y, en su momento, la competencia justa por el voto. El obradorismo cumple a plenitud con tal diseño y la preocupación de hoy es doble: si el autoritarismo vigente, en su deterioro, habrá de transitar hacia formas más explícitas de control político o si el régimen colapsará por el peso de la impunidad prevaleciente.

López Obrador y Claudia Sheinbaum son lo mismo. Quizá en Estados Unidos, y uno que otro iluso observador de la política, considere que hay separación o, eventualmente, fractura. En este espacio siempre se ha dicho: por convicción, la Presidenta se plegará al proyecto obradorista. Asume su condición sin reserva ni vacilación; fue así desde el inicio y ahora, ante la peor amenaza al régimen, lo ratifica. Pero a esta reflexión no remite ese mal cálculo.

Éste viene del gobierno porque la confrontación con EU y la ratificación del pacto de impunidad subestiman al adversario, interno y externo. El obradorismo no advierte que la oposición social se sobrepone a las oposiciones institucionales. Es cierto, los opositores formales no sólo padecen desprestigio: dos de los más importantes exhiben incompetencia; quizá aparente, porque puede ser que, por miedo o cálculo, hayan resuelto ser funcionales al régimen. Una oposición dividida y confrontada entre sí es el mejor obsequio para el régimen político.

Hay otra oposición, la que se teje en lo social, la llamada ciudadana. Por la indignación, despierta con facilidad. Dos ejemplos lo ilustran y revelan su potencial para movilizar el rechazo al régimen y hasta modificar el escenario político: Michoacán y Chihuahua. Antes del asesinato de Carlos Manzo, el estado vivía la pax narca a pesar de los asesinatos por la extorsión. La ejecución del alcalde modificó las coordenadas y ahora el gobierno y su partido se ocupan de manipular las reglas para complicar la competencia electoral y el eventual arribo al poder del Movimiento del Sombrero y de su figura más representativa, Grecia Quiroz.

El error del régimen al perseguir a la gobernadora Maru Campos la convirtió en una figura nacional. La embestida presidencial movilizó la indignación ciudadana y la postura digna y valiente de la gobernadora le dio visibilidad y dimensión muy por encima de lo esperado, especialmente porque el ataque ocurría al mismo tiempo que se dispensaba carta de impunidad al cuestionado gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, imputado formalmente por las autoridades norteamericanas como presunto asociado al Cártel de Sinaloa. En Chihuahua, el escenario cambió en perjuicio de Morena; tarde dieron marcha atrás a un vergonzoso capítulo de oportunismo político.

Otro mal cálculo es asumir que todo lo que viene de EU proviene del presidente Donald Trump y de los suyos, en un intento por lavar la cara ante el desastre de su política global y el consecuente rechazo en la elección intermedia de noviembre. Se equivocan: en EU es generalizada la percepción negativa sobre México; no es exclusiva de la llamada ultraderecha. Es, en parte, prejuicio y, en parte, evidencia. Por lo pronto, la violencia habla por sí misma; la ausencia de justicia y la destrucción del régimen judicial abonan a la idea de que en México prevalece una impunidad institucionalizada. El discurso soberanista no da para mucho y, para la mayoría de los mexicanos, es considerado un ardid para exculpar a quienes tienen una conveniente relación con el crimen.

No advertir ni asimilar el deterioro del ascendiente popular del proyecto obradorista es otro mal cálculo. La frivolidad y los excesos de la élite política acabaron con la superioridad moral, además de corrupción y venalidad escandalosas, sin precedente. La Presidenta interpreta mal las encuestas. El clientelismo social pierde efectividad para ganar votos. La fracasada movilización en Chihuahua lo constata y las elecciones del pasado domingo en Coahuila lo confirman. El tamaño de la derrota no sólo muestra la ineficacia de los programas sociales para movilizar votos, sino también la crisis del régimen por el peso de la impunidad.

Mal cálculo del régimen vivir en la negación y actuar como si nada aconteciera.