Morena: Imposible aprender de errores

La ética del credo obradorista es muy singular. Para los de afuera, el repudio, sin importar quién sea o qué represente, así se trate de las madres buscadoras, las mujeres indignadas por la violencia de género, los padres con niños con cáncer, los opositores, los periodistas, líderes de opinión o medios independientes. Para los de casa, cheque en blanco, protección, inmunidad e impunidad. Un mundo diseñado a la medida de la polarización. La supremacía moral acaba con los límites; el movimiento todo lo justifica. El país y el gobierno sometidos al régimen político.

Hubo quien pensó que el rechazo morenista al regreso de Rubén Rocha Moya significaba el inicio de una nueva relación de la presidenta Claudia Sheinbaum con el país y una revaloración de la legalidad y de la institución presidencial. El desaguisado regreso del sinaloense al cargo de gobernador ocurrió porque se le permitió; lo hizo por Andrés Manuel López Obrador. Es ficción política creer que a Rocha Moya lo iluminó la luz de la ocurrencia repentina para regresar a la investidura.

También recuperar el cargo lo permitió el hecho de que nunca abandonó el poder, mantuvo el bastón de mando. La estructura rochista quedó intacta, a manera de compensación por el “sacrificio” de dejar la gubernatura. Todo se disculpa a los de casa y la connivencia de la política con el crimen recrea la sospecha de complicidad más allá de lo local.

El obradorismo nunca ha removido a un gobernador. Es un rasgo propietario. No era respeto ni mesura a los gobiernos subnacionales. Ha sido desprecio, desdén. Como nunca, los gobiernos locales, incluso los morenistas, padecen un feroz centralismo en las finanzas y en la seguridad, pero este estado de impunidad propicia la corrupción, la connivencia con criminales y un impulso para reproducirse en el poder mediante el control del proceso sucesorio.

La presidenta Sheinbaum y la nomenclatura morenista asistieron en Sinaloa a una aleccionadora experiencia en el primer y único caso de remoción de un gobernador y, para el caso, uno de los más próximos al líder moral, en el que la complicidad entre crimen y política es más ostensible por ser el territorio del principal cártel con mayor presencia en el mundo. La lección está a la vista: la legalidad es límite y a su vez fortaleza de todo régimen. No se entendió y ahora se regresa al mismo punto de partida; la simulación se apodera de la vida pública en el país y en Sinaloa. Rocha Moya queda apestado; no así lo que importa, la impunidad.

Sinaloa mantiene un lugar privilegiado en la agenda de seguridad nacional. La connivencia entre el narcotráfico y la política tiene larga y lejana historia; sin embargo, lo que ocurrió en 2021, con Rocha Moya como candidato, no guarda precedente. Los narcos se hicieron del poder político y participaron activamente en la elección. Este estado es monumento a la impunidad.

Ese es el problema de origen, con la complicación de que tanto el contrabando de combustible como su vinculación con los cárteles del narcotráfico están en Estados Unidos debidamente judicializados, con pruebas procesadas por un gran jurado. La idea de que la embestida judicial es una acción política e ideológicamente motivada por la administración de Trump es ignorar la realidad. Para México, una falta doble: la complicidad del gobierno y del aparato político con el narcotráfico y la impunidad estructural, producto de la ausencia de procuración y administración de justicia criminal.

Dos errores están presentes en la complacencia del gobierno de México para atender la solicitud de arresto del gobernador Rocha Moya y nueve colaboradores. El primero es asumir que la gestión política puede contener la acción judicial; no fue así. Incluso hay una mala lectura del caso del general Cienfuegos. Las autoridades no procedieron porque, a pesar de la detención, el proceso penal no había iniciado; además, la postura del procurador William Barr fue que no había pruebas suficientes.

El otro error, asumir que un resultado adverso de Trump en las elecciones de noviembre frenaría la exigencia sobre la detención y extradición de funcionarios mexicanos. Más allá de los excesos del republicano, la agenda contra el narcotráfico resulta de seguridad nacional, por lo mismo, bipartita.

Necesario para todo aprender de errores. El tema no es la rebelión de un gobernador y un senador incriminados; tampoco si López Obrador la promovió. El problema es la impunidad por ausencia de justicia.