Megaciudades sin proyecto ni gobernanza

Una nota de VANGUARDIA coloca en el centro de la discusión el crecimiento de las grandes urbes. La conurbación de Saltillo y Monterrey en las próximas dos décadas no es una especulación, sino la continuación lógica de una tendencia territorial en marcha. No es un proyecto deliberado; es un proceso en curso. Se repetirá en muchas partes de México y de Coahuila: en La Laguna, en la Región Centro y en Piedras Negras con los Cinco Manantiales. Las regiones del estado se convertirán en grandes urbes que requerirán orden y gobernanza.

Ahí está el problema de fondo: estamos asistiendo a la formación de ciudades-región sin haber construido la gobernanza necesaria para entenderlas. Las grandes ciudades de México, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México no están fallando por crecer, sino por crecer sin proyecto. La expansión urbana avanza más rápido que la capacidad institucional para ordenarla, y el resultado es conocido: integración metropolitana sin coordinación, infraestructura rezagada, dispersión habitacional y presión creciente sobre el agua, el suelo y la movilidad.

Este fenómeno no es exclusivo de México. También ocurre en Los Ángeles, Dallas-Fort Worth, San Antonio-Austin, París, Londres, Madrid, São Paulo, Tokio, etcétera. Las ciudades contemporáneas ya no caben dentro de sus límites administrativos: se han convertido en megaciudades. En el caso mexicano, esa transición ocurre sin la fortaleza institucional necesaria para conducirlas.

Durante años, expertos como Alfonso Vegara, de la Fundación Metrópoli, con sede en Madrid, y el mexicano Guillermo Sánchez, han insistido en una idea clave: “La escala regional se ha vuelto fundamental para mantener la competitividad en una economía globalizada y basada en la innovación. Hoy en día, la competencia no ocurre entre naciones, sino entre ciudades y regiones, que pueden apoyar mejor a las empresas y mejorar la calidad de vida de los habitantes”. Conceptos como “Ecosistemas Urbanos de Innovación” y “Diamantes Territoriales” proponen integrar ciudades (“puntos”), redes de transporte (“líneas”) y áreas desarrolladas o rurales (“superficies”) en sistemas coherentes.

Si el crecimiento urbano no se estructura desde una visión metropolitana, democrática, incluyente, transparente y de largo plazo, el mercado, la voracidad y la corrupción terminarán imponiendo su propia lógica, que rara vez coincide con el interés público. Advertencias como esta, en gran medida, han sido ignoradas. No por falta de evidencia, sino por la prevalencia del corto plazo político, la fragmentación institucional y la captura del desarrollo urbano por intereses inmediatos y, por qué no decirlo, corruptores.

Hoy, el costo de esa omisión es visible. En Coahuila, el problema adquiere una dimensión particular. Se ha consolidado un estilo de gobierno centralizado y autoritario, donde las decisiones de desarrollo urbano y territorial de los municipios han tendido a concentrarse en el gobernador en turno. Este modelo ha debilitado la iniciativa municipal y ha limitado el papel de la sociedad civil en la planeación del territorio.

Las ciudades crecen, pero no necesariamente deciden cómo hacerlo. El resultado es una paradoja evidente: economías urbanas dinámicas, pero con baja capacidad de gobernanza local sobre su propio desarrollo y territorio.

La historia urbana es consistente. Cuando el crecimiento no se planifica, aparecen siempre los mismos resultados: expansión dispersa, congestión estructural, crisis de agua, desigualdad territorial y deterioro ambiental. El desorden se convierte en tierra fértil para la corrupción y la inseguridad. No es una posibilidad futura; es una trayectoria conocida. Los menos levantan muros y grandes rejas en colonias donde habitan las élites. Los más se resignan a los cinturones de miseria, a largos trayectos en un transporte público que deja mucho que desear y a una dinámica social que se pervierte en un círculo vicioso.

La evidencia acumulada demuestra que los gobiernos, por sí solos, difícilmente pueden sostener una visión metropolitana de largo plazo. Los ciclos políticos son cortos, las presiones económicas son inmediatas y los incentivos rara vez favorecen la planeación estructural. Por ello, la discusión ya no puede limitarse al ámbito gubernamental. La sociedad civil, las universidades, los colegios profesionales, el sector productivo, los medios de comunicación y las organizaciones ciudadanas tienen hoy una responsabilidad ineludible: convertir la planeación territorial en una agenda pública permanente, que vaya más allá de los partidos políticos y de las elecciones.

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