México-Estados Unidos: máxima tensión
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La época de cero aranceles quedó atrás y Estados Unidos no tiene empacho alguno en relacionar crimen, narcotráfico y corrupción con el comercio bilateral. La impunidad en estos rubros no es negocio
Van cinco puntos muy concretos, todos de sucesos recientes ocurridos en abril. Hechos que, leídos en su conjunto, explican por qué hoy el vínculo bilateral entre México y Estados Unidos se encuentra en su momento más tenso desde el gobierno de Miguel de la Madrid, tras el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1985. Lo curioso es que todo esto sucede justo cuando la dinámica bilateral está más entrelazada que nunca en todos sus ámbitos: político, económico, social y cultural.
1. El comercio como instrumento de presión. La visita del representante comercial de Estados Unidos para revisar el T-MEC confirmó un giro de fondo. El mensaje fue claro: la época de cero aranceles quedó atrás y Estados Unidos no tiene empacho alguno en relacionar crimen, narcotráfico y corrupción con el comercio bilateral. La impunidad en estos rubros no es negocio. Así de simple. La inversión requiere de certeza y reglas claras.
2. Acusaciones y soberanía. Los señalamientos de corrupción desde Washington encontraron una respuesta previsible en la presidenta Claudia Sheinbaum: defensa de la soberanía, rechazo a la injerencia y un revire: “En Estados Unidos también hay corrupción”. El problema no es la defensa de la soberanía, sino su uso como sustituto de la investigación. La respuesta política reemplaza a la institucional. En un país con 98 por ciento de impunidad, el delito de corrupción va ganando, y por mucho. En ese contexto, las reglas comerciales pasan a segundo plano. ¿O no? El tiempo lo dirá.
3. Sinaloa: el mensaje que no se quiso escuchar. En la inauguración de una inversión estadounidense en Sinaloa, el embajador de Estados Unidos fue claro: sin combate a la corrupción no hay confianza para la inversión. La respuesta de la 4T fue permitir, o al menos tolerar, la presencia de manifestantes que protestaron contra el evento y el propio embajador. El resultado fue, por decir lo menos, contradictorio: se protesta una inversión en un municipio, en un estado y en un país gobernados por el mismo partido. ¿Qué sentido tiene? Si había objeciones, el cauce era legal. Todo indica que se intentó presionar... y el efecto fue el contrario.
4. Chihuahua y la soberanía reactiva. Las versiones sobre operaciones de la CIA en territorio mexicano, sin claridad plena sobre su autorización, reactivaron el discurso soberanista. Poco importó el golpe al crimen organizado derivado del operativo. Mucho menos la pérdida de vidas humanas en el accidente vinculado al caso. No hubo una nota oficial de condolencias, algo que en la relación con Estados Unidos tiene peso político.
Aquí el eje fue otro: la presunta violación constitucional. Si la federación no autorizó, la gobernadora habría violado la Constitución. Pero si Estados Unidos y la autoridad local no informaron, también hay preguntas de fondo. Lo cierto es que estos operativos no son nuevos; lo inusual fue lo público, derivado del accidente y las condolencias del embajador Johnson.
5. El caso Rocha Moya. La orden emitida por la United States District Court for the Southern District of New York, agradeciendo la colaboración de autoridades vinculadas al caso de Ismael Zambada y los hijos de Joaquín Guzmán, vino a cerrar el mes más complejo en la relación bilateral durante la era de la llamada 4T.
Las advertencias existían. Investigaciones de Anabel Hernández, análisis de Código Magenta y testimonios de actores políticos locales apuntaban en esa dirección. No fueron ignoradas por falta de información, sino desplazadas por decisión política. Hoy, el golpe es evidente: el gobernador, el alcalde de la capital y el senador quedan políticamente comprometidos. Dejar el cargo sería apenas el inicio. Lo verdaderamente complejo será el proceso frente al tratado de extradición entre México y Estados Unidos. Malabares con los que están lidiando la Fiscalía y la recién nombrada consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde. ¿Y el canciller? Ni idea.
La contradicción. Lo más revelador no está sólo en los hechos, sino en las reacciones. Quienes hoy celebran las acusaciones contra estos actores son, en muchos casos, los mismos que desestimaban el proceso contra Genaro García Luna en esas mismas cortes de Nueva York. Y quienes entonces aplaudían aquella detención, hoy cuestionan acusaciones similares. No es un cambio en los hechos; es un cambio en la conveniencia.
Facebook: Chuy Ramírez