México ante la marea populista

Por Guillermo Ortiz, Project Syndicate.

CIUDAD DE MÉXICO- El mapa político de América Latina se ha redibujado con notable rapidez. Desde abril de 2025, fuerzas de centroderecha o de extrema derecha han llegado al poder en Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras y Perú. En Argentina, el partido populista del presidente Javier Milei obtuvo una victoria contundente en las elecciones legislativas de mitad de periodo del pasado octubre. Y en Brasil, el senador de derecha Flávio Bolsonaro quedó por delante del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta de la reciente elección presidencial, con 47 % frente a 45 %.

De imponerse Bolsonaro en la segunda vuelta del 25 de octubre, México será el único país grande de América Latina que siga gobernado por la izquierda. ¿Pero hasta cuándo? Con elecciones intermedias previstas para junio próximo, algunos comentaristas piensan que México será arrastrado pronto por la marea política regional. Lo dudo, aunque eso no significa que el país no vaya a sentir las consecuencias de la elección brasileña si Bolsonaro gana.

El argumento del contagio descansa en la observación de que los votantes están castigando a los gobiernos en funciones por la inseguridad, la corrupción y el estancamiento del nivel de vida. Pero un agravio compartido no es una cadena causal.

México lleva mucho tiempo desfasado de los ciclos políticos sudamericanos: eligió a su primer gobierno de izquierda apenas en 2018, cuando la “marea rosa” ya iba de salida. Hoy, la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum sigue siendo alta, en parte gracias a los enormes programas de transferencias monetarias del partido gobernante, Morena, y la oposición continúa fragmentada. Si bien las elecciones intermedias bien podrían acabar con la mayoría calificada de Morena en la cámara baja, un giro a la derecha impulsado por fuerzas regionales parece poco probable.

El verdadero riesgo para México está en Washington. Una victoria de Bolsonaro dejaría a América Latina gobernada en buena medida por líderes que ven en Donald Trump a un aliado y que, en muchos casos, le atribuyen en parte su éxito electoral.

Trump respaldó abiertamente a Milei antes de las elecciones legislativas argentinas; indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años de prisión por tráfico de cocaína, en vísperas de una elección que el partido de Hernández terminó ganando; y avaló al nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. En Brasil, Estados Unidos suspendió los servicios consulares dos días antes de la primera vuelta, lo que llevó a la campaña de Lula a solicitar una investigación sobre una posible injerencia electoral.

Como el elemento discordante del nuevo orden que Trump busca construir en América Latina, México enfrenta ahora la posibilidad de soportar solo su ira. De hecho, ya se ha preparado el terreno para una campaña de intimidación. El Departamento de Estado de EE. UU. ha designado a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas extranjeras con las que Estados Unidos mantiene un “conflicto armado”. Además, la Administración para el Control de Drogas (DEA) ha alegado que el gobierno de Sheinbaum tiene vínculos con el crimen organizado. Y el Departamento de Justicia ha presentado cargos contra diez funcionarios mexicanos, actuales y anteriores, por ayudar al tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos.

En la Asamblea General de las Naciones Unidas del mes pasado, Trump calificó a México de “epicentro de la violencia de los cárteles” y de territorio “controlado por cárteles enemigos”. La delegación mexicana, de la que no formaba parte Sheinbaum, escuchó el discurso sin protestar. El propio discurso del canciller mexicano Roberto Velasco Álvarez, tres días después, apenas tocó el tema. Fue un punto bajo para la diplomacia mexicana, aunque al menos Brasil se unió a México al negarse a sumarse a la coalición anticárteles de Trump. Pronto, México podría quedarse solo.

Hay buenas razones para pensar que Trump intensificará sus ataques. La guerra con Irán ha hecho caer su índice de aprobación a 33 %, un nuevo mínimo. Si, como parece probable, los republicanos pierden terreno en las elecciones intermedias del próximo mes, un Trump debilitado buscará con desesperación victorias de política exterior baratas y llamativas. En México, puede fabricar un relato en el que “derriba” a los “narcopolíticos” que supuestamente envenenan a los estadounidenses con fentanilo.

El arsenal de intimidación de Trump es formidable: aranceles, revocación de visas, acusaciones formales contra más políticos e incluso acción militar unilateral están sobre la mesa. El acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, cuya renovación Washington rechazó en julio, queda ahora sujeto a revisiones anuales que pesan sobre cada decisión de inversión en México. No puede descartarse el riesgo de que el gobierno de Trump encuentre maneras de inclinar la balanza durante las elecciones intermedias de México, como lo ha hecho en Argentina, Brasil y Honduras.

Sin Brasil de su lado, México se encontrará sin ningún aliado importante en América Latina. Es posible incluso que los líderes regionales aplaudan a Trump. En ese contexto, a México le resultará cada vez más difícil impulsar un crecimiento económico estancado y la caída de la inversión privada, que refleja en parte la pérdida de confianza en el Estado de derecho tras la controvertida reforma judicial de Morena.

En lugar de condenar estrepitosamente las violaciones estadounidenses de la soberanía latinoamericana, el gobierno de Sheinbaum debería privar a Trump de un pretexto para cometer tales violaciones en México. Eso implica restablecer la independencia judicial y presentar una agenda de seguridad verificable, capaz de resistir el escrutinio. También implica investigar y procesar a los políticos vinculados con el crimen organizado, empezando por los de las propias filas de Morena.

Investigar a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del fundador de Morena y mentor de Sheinbaum, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sería un buen punto de partida. López Beltrán, quien aspira a un escaño en el Congreso mexicano, es uno de los más de 50 políticos mexicanos a quienes se les ha revocado la visa estadounidense por acusaciones relacionadas con contrabando de combustible y fraude fiscal.

Hasta ahora, Sheinbaum ha rechazado las peticiones de la oposición de abrir una investigación. Pero puede distanciar a su gobierno del círculo de AMLO sin romper con su mentor. Permitir que fiscales independientes investiguen las acusaciones en los términos que México determine, demostraría que nadie está por encima de la ley y afirmaría la autoridad de Sheinbaum. También privaría a Trump de un relato conveniente.

El gobierno de Sheinbaum ha logrado una disminución significativa de los homicidios. El desafío ahora es demostrar que quien manda es el Estado mexicano, no los cárteles. Al mismo tiempo, Sheinbaum debería dejar de ver a sus homólogos regionales con lentes ideológicos y, en cambio, cultivar relaciones de trabajo pragmáticas con ellos. Un México percibido como el abanderado de una izquierda en extinción será mucho más fácil de aislar,y mucho más vulnerable a la ira de Trump. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Guillermo Ortiz, exsecretario de Hacienda y Crédito Público de México y exgobernador del Banco de México, es Tesorero del G-30.