Mil despidos para Devolverle al Pueblo lo Robado; crisis en la caja chica del Presidente
“En tres sexenios que tengo trabajando aquí nunca había visto este nivel de desorden y corrupción”, me asegura un alto funcionario del hoy Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado. A él le tocó estar en lo que, hasta el final del sexenio de Enrique Peña Nieto, se llamó Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE. Luego, con la llegada de López Obrador al poder, vio cómo le cambiaron el nombre a Instituto de Administración de Bienes y Activos, IABA, pero no era lo suficientemente populista.
El mismo funcionario cuenta la anécdota de que el primer director en este sexenio, Ricardo Rodríguez Vargas, los reunió un día: “El Presidente me encargó que pensemos en un mejor nombre para nuestro instituto, algo más de Robin Hood, algo así como devolver lo robado”. No hubo necesidad de darle más vueltas. Estaba bautizado.
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Casi seis años después de haber sido transformado y manoseado, el INDEP está metido en una crisis derivada por ser la caja chica para los caprichos del presidente López Obrador. Los cálculos más optimistas hablan de un boquete de 3 mil 400 millones de pesos en recursos que fueron utilizados a pesar de que estaban en controversia con los dueños originales.
Gran parte de ese dinero se repartió en la ilegalidad, porque el INDEP lo transfirió antes de la creación de una cosa llamada “Gabinete Social”, encabezado por el presidente López Obrador y distintos secretarios, como el de Hacienda. Después de la legislación con la que buscaron blindarse, el cuestionado movimiento de recursos continuó sin pies ni cabeza y, lo mejor de todo, dejando montañas de evidencia.
La crisis en el INDEP es tal que en este sexenio van casi mil despidos, aunque no los llaman así, sino “bajas”. Para ser exactos, 978 hasta los primeros días de marzo; 192 en 2018; 149 en 2019; 131 en 2020; 160 en 2021; 92 en 2022; 202 en 2023 y 51 en estos primeros tres meses. Eso implica que el instituto también está enfrentando 441 juicios laborales porque el área de finanzas, encabezada por Alberto Gallegos, y la de recursos humanos, a cargo de Carol Pérez, se han negado a pagar las liquidaciones correspondientes. Los números entre bajas y juicios no coinciden porque ambos directivos amenazan a los exfuncionarios con quedar vetados de cualquier puesto futuro en el Gobierno Federal y muchos deciden agachar la cabeza y soportar. Sobre Gallegos, internamente hay acusaciones de malos manejos porque en el pasado formó parte del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y desde esa oficina trajo al INDEP a empresas que ya había contratado para servicios como fumigación.
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Apenas el 1 de marzo, los empleados del INDEP se llevaron otra sorpresa. Al llegar a las instalaciones, personal de seguridad los esperaba en la entrada con listas. Ahí traían los nombres de quienes ya no podían pasar porque serían dados de baja para ocupar sus puestos.
Stent: Son verdaderas montañas de evidencia.
