Un par de asuntos de la mayor importancia saturan desde hace varias semanas los medios de comunicación, incluidas por supuesto las redes sociales. Se trata de la llamada reforma al Poder Judicial y de la sobrerrepresentación en la conformación de la próxima legislatura de la Cámara de Diputados.
En general, ambas cuestiones se abordan sin considerar que sin la primera la segunda se derrumba. En el tiempo, primero se tiene que consumar el atraco de la sobrerrepresentación por encima del tope constitucional del 8 por ciento, para que la segunda se materialice. Que también podrá evitarse si todos los senadores de oposición, todos, están presentes en la sesión en que se discuta y votan en contra de esta iniciativa oficialista. Sin embargo, lo más recomendable en torno al punto es no confiarse porque lamentablemente todo puede suceder.
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Se tiene la impresión de que el tema de la sobrerrepresentación, complejo de por sí, nada fácil de explicar y menos aún de entender, trató de ser acallado por el oficialismo. No faltará quien sostenga lo contrario, argumentando al respecto que apenas un día después de las elecciones del 2 de junio la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en la “mañanera” y sin ser de su competencia, se refirió al tema y dio por hecho que Morena y sus aliados tendrán mayoría calificada de diputados en la siguiente Legislatura.
En efecto así sucedió, siguiendo para ello la llamada técnica del “descontón”. Es decir, apresurarse a declarar algo de manera categórica, por más discutible o falso que sea, y supuestamente que por el sólo hecho de decirlo la autoridad, la opinión pública lo va a aceptar como dogma de fe, sin posibilidad alguna de modificar tal “verdad oficial”.
Para sostener su tesis, que justifica la sobrerrepresentación excesiva, la secretaria de Gobernación aplicó la fórmula de reparto de las 200 diputaciones de representación proporcional o plurinominales, como popularmente se les conoce, considerando que la sobrerrepresentación de diputados tiene como tope hasta el 8 por ciento del total de integrantes de la Cámara es por partido y no por coalición o fuerza política.
Lo anterior significa que si un partido (y en la interpretación correcta, si una coalición) recibe, por ejemplo, el 32 por ciento de la votación total computable para diputados, podrá tener hasta el 40 por ciento de las curules de la Cámara. Pero no más, que ya de por sí esto es bastante, porque ese 8 por ciento en exceso significa nada menos que 40 diputados. Y ahora Morena y sus aliados pretenden más.
Es cierto que el artículo 54 de la Constitución dice literalmente que tal sobrerrepresentación del 8 por ciento, entre votación recibida y curules asignadas, es por partidos. Como también dice, el mismo precepto, que para tener derecho a que le sean asignados diputados plurinominales el partido que los reclame debió haber postulado candidatos a diputados en al menos 200 distritos electorales, requisito no cumplido por Morena, y menos aún por el PT y el Partido Verde, salvo que se les considere como coalición.
De donde se desprende, como cualquiera lo puede entender, que en el caso de la aplicación de esta disposición constitucional relativa a la fórmula para asignar los diputados pluris, partido político es igual a coalición electoral.
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La anterior explicación, sencilla y fácil de entender, ni siquiera es necesaria. ¿Por qué? Porque los que ahora combaten esa interpretación –que es la correcta– saben perfectamente que tal fue el espíritu de la reforma electoral de 1996. Saben que posteriormente así quedó reflejado en la letra del COFIPE. Porque además deben recordar que en más de una ocasión López Obrador y su grupo impugnaron ante el Tribunal la versión que hoy defienden. Y como seguramente deben también tener presente que entonces la Suprema Corte, en forma unánime, determinó en tesis jurisprudencial el proyecto de sentencia preparado sobre este mismo asunto por la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, hoy senadora y militante de Morena.
No se puede ser tan caradura para proceder como hoy lo hacen AMLO y sus seguidores. La política exige un mínimo de ética y juego limpio. Actuar avasallando como ahora actúan, puede ser la semilla que divida a la Nación por generaciones.
