La semana pasada, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentó ante la Cámara de Diputados solicitud de juicio político en contra del juez de distrito, Rodrigo de la Peza. Procede el juicio político contra los servidores públicos –en realidad altos funcionarios–, tanto federales como estatales, que expresamente menciona el artículo 110 de la Constitución, entre los cuales ciertamente se encuentran los jueces de distrito.
¿Por qué causa se lleva a juicio político a un servidor público de alto rango? Dice la Constitución que “cuando en ejercicio de sus funciones incurra en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.
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¿En qué acto u omisión incurrió específicamente el juez de distrito Rodrigo de la Peza, que redundó “en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”?
A que en atención a la demanda de amparo presentada por una asociación ciudadana de derechos humanos, el juez emplazó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a que en un término de veinticuatro horas designara a dos magistrados de Sala Regional, para cubrir el par de magistraturas de Sala Superior que desde el pasado noviembre permanecen acéfalas, por haber concluido sus titulares el periodo para el cual fueron nombrados. Esto, mediante la aplicación de una disposición previsora, contenida en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que desde mi punto de vista no procede. Pero éste, es otro tema.
Sobre las dos magistraturas que están sin cubrir en la Sala Superior, de las siete que la integran, cabe señalar que con toda oportunidad desde el año pasado la Suprema Corte, a la que corresponde hacer las propuestas, envió al Senado dos ternas de candidatos, una de hombres y otra de mujeres, para que los senadores, por mayoría calificada, nombraran a los dos magistrados electorales que están faltando.
Lo que ha sucedido desde entonces es que la mayoría parlamentaria del Senado y concretamente su coordinador, es decir, el senador Ricardo Monreal, lo que han hecho es arrastrar los pies y no han nombrado a los dos magistrados que faltan. En realidad, Monreal ni siquiera ha permitido que la Comisión de Justicia del Senado, a la que fueron turnadas las propuestas de la Corte, elabore el dictamen correspondiente, mucho menos que el asunto sea turnado al Pleno de la Cámara Alta para su resolución.
Así las cosas, más que el juez De la Peza, en realidad ha sido el senador Ricardo Monreal quien en el ejercicio de sus funciones ha incurrido en “omisión que ha redundado en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.
¿Por qué entonces proceder en contra del juez y no de los senadores que han incurrido en omisión, y omisión grave, en el ejercicio de sus funciones, empezando por Monreal? Muy sencillo, porque se trata de una conducta facciosa de los morenistas, con el claro propósito de evitar que se aplique la justicia electoral, al menos en dos casos:
En la calificación de la elección presidencial y al resolver sobre una eventual impugnación al acuerdo que dicte el INE con respecto a la asignación de los diputados plurinominales, en la que el oficialismo (Morena y aliados, según lo anunció la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde en presencia de AMLO en una mañanera, y sin duda por orden de éste) pretende –el oficialismo– alzarse con el 74 por ciento de los diputados que componen la Cámara, una sobrerrepresentación de más del 20 por ciento con respecto a la suma de su votación total obtenida, que ronda el 54 por ciento, cuando lo más que autoriza la Carta Magna en este punto es un exceso de 8 por ciento. No se trata, pues, de una cuestión menor.
Sobre el quórum especial que requiere la Sala Superior del TEPJF para declarar la validez de la elección presidencial, que es de seis magistrados y ahora sólo cuenta con cinco, ya se ha escrito y hablado bastante.
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Pero nada o poco se ha dicho respecto de la impugnación en el caso de que el oficialismo, como parece estar decidido a hacerlo, se sobrerrepresenta en la asignación (o reparto) de los diputados plurinominales. De los cinco magistrados con que hoy cuenta la Sala Superior, tres son oficialistas o están cooptados por Morena y dos son independientes. De hecho uno de estos últimos, el magistrado Reyes Rodríguez, presidía el Tribunal y los tres gobiernistas le dieron cuartelazo en diciembre y lo removieron de la presidencia.
Lo que teme López Obrador, en realidad el verdadero artífice de esta maniobra, es que las personas propuestas por la Corte, por tratarse de juristas honorables, terminen siendo magistrados electorales y que éstos no se plieguen a sus consignas y caprichos. De este tema, sin duda, se hablará mucho en las próximas semanas.
