Narcoviolencia en Nuevo León, ¿representa un riesgo para Coahuila?

Un informe publicado en junio pasado por la firma Lantia Consultores caracterizó al vecino estado de Nuevo León como “el nuevo epicentro de la violencia en el noreste del país” debido a que, de acuerdo con las cifras recopiladas en el dicho informe, la entidad se había colocado en el quinto lugar nacional con el mayor número de víctimas letales del crimen organizado.

En el documento se afirma que la violencia creciente observada en Nuevo León tiene origen multifactorial, “pero de forma destacada se distingue el Cártel del Noreste (CDN) como generador de gran parte de la violencia. Especialmente, derivado de acciones de sus rivales y de las autoridades que han conseguido cercarlo y evitar su movimiento a la capital, Monterrey”.

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El reporte identifica a la zona metropolitana de Monterrey como el polo que concentra la mayor parte de la violencia generada por los grupos criminales en Nuevo León y la ubica como el campo de batalla donde se enfrentan al menos cuatro organizaciones delincuenciales que buscan controlar dicho territorio.

Recuperar la existencia de dicho reporte es relevante porque sirve de referencia para evaluar la gravedad de lo ocurrido ayer luego de que aparecieran varios cuerpos desmembrados en diferentes puntos del área metropolitana de Monterrey.

Los despojos humanos, abandonados en bolsas de basura o en hieleras, se acompañaron de mensajes a través de los cuales la organización delictiva Cártel del Noreste se adjudicaría la autoría de los hechos. Las autoridades de la vecina entidad afirmaron que los asesinatos habrían sido el producto de un “ajuste de cuentas” entre criminales.

Lo ocurrido es “una purga al interior de un grupo del crimen organizado que tiene su principal residencia en Tamaulipas en virtud de algunas deslealtades al interior de su organización”, aseguró Gerardo Palacios, secretario de Seguridad Pública de Nuevo León.

Con independencia de a quién corresponda la autoría de estos perturbadores hechos y de la responsabilidad que deben deslindar las autoridades, una cosa es clara: la caracterización de Nuevo León, realizada en junio pasado, sigue siendo vigente.

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Conviene decir al respecto que la actitud de los perpetradores no puede −ni debe− ser tolerada, pues constituye un mensaje en el sentido de que la delincuencia se ubica por encima de las instituciones del Estado.

Y en el caso de Coahuila, el que tales hechos se registren a pocos kilómetros de Saltillo debe constituir una luz de alerta debido al peligro de contagio que existe, sobre todo porque se trata del mismo grupo delincuencial que ha intentado en repetidas ocasiones instalarse en la zona fronteriza de Coahuila, donde recién se registró una confrontación con fuerzas policiales.

Cabría esperar en este sentido que los gobiernos de Coahuila y Nuevo León refuercen los mecanismos de cooperación existentes para garantizar la paz en la región noreste, pues lo importante no es saber dónde se ubica el epicentro de la violencia, sino qué se hará para que deje de serlo.