Ni cuotas, ni dosis: La batalla por la paridad real

Los retrocesos del liderazgo femenino en la política, la iniciativa privada y la justicia, documentados en el informe anual de ONU Mujeres publicado hace apenas una semana, implican que, conforme a las estimaciones realizadas, la igualdad de género no se alcanzará hasta 2197.

Esto refleja la persistencia de las brechas de género, pero también la existencia no sólo de un estancamiento, sino de francos retrocesos democráticos y antifeministas.

Una de las principales barreras es la violencia política, que se amplifica en la era de las redes sociales, lo que, además de otros factores, ha generado regresiones de los logros de las mujeres en la política y los espacios de poder. El informe da cuenta clara de los números que confirman esta tendencia, a lo que hay que añadir que no basta con que más mujeres alcancen estos puestos de liderazgo, ya que la posición no garantiza el ejercicio real del poder. De acuerdo con el documento, en muchos de los casos, las tareas o carteras en las que se designan mujeres líderes están generizadas, por ejemplo, en áreas asociadas a cuidados o igualdad.

Entre las propuestas contenidas en dicho informe se encuentran el reforzamiento de las cuotas de género como una herramienta eficaz para garantizar una mayor representación femenina, financiamiento a los organismos que trabajan por la igualdad y legislación que atienda la violencia contra las mujeres.

Es en este contexto que inicia el Proceso Electoral en el que se disputarán más de 20 mil cargos de elección popular: 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, 31 congresos locales, miles de cargos en los ayuntamientos y alcaldías en 30 entidades y la Ciudad de México.

A solo dos días del arranque de dicho proceso, llega la noticia del asesinato de una excandidata a una presidencia municipal en el estado de Oaxaca. Este hecho evidencia por qué son preocupantes los datos ya señalados. Por esa razón, la alianza estratégica nacional Mujeres en Plural emitió un pronunciamiento en el que se llama a quienes integramos las autoridades electorales a tutelar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres; se reitera la necesidad de contar con un piso mínimo que contemple las medidas que se enumeran en el propio comunicado, consistentes en:

– Paridad en las 17 gubernaturas: Para que al menos 9 de las 17 candidaturas sean encabezadas por mujeres y que se prioricen los estados en donde nunca haya gobernado una mujer.

– Cumplimiento efectivo del principio constitucional: Para que los partidos políticos cumplan de “manera irrestricta” con el principio constitucional de manera horizontal y vertical, además de asegurar que las mujeres contiendan en la misma proporción que los hombres en lugares competitivos para sus partidos.

– Al menos 50% del financiamiento de campaña para las candidatas. Los partidos políticos deben destinar al menos la mitad del financiamiento público para campañas a las candidaturas femeninas, que debe incluir tiempos en radio y televisión, propaganda, espacios de comunicación, visibilidad política, entre otros.

– Ejercicio efectivo de los recursos para el liderazgo político de las mujeres. La aplicación efectiva, transparente y sin simulaciones del porcentaje de financiamiento establecido para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político femenino.

– Paridad con perspectiva interseccional. Las medidas especiales de carácter temporal deberán garantizar también la representación de las mujeres pertenecientes a grupos históricamente discriminados.

– Cero tolerancia frente a la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG). Fortalecer la capacitación para identificar la violencia política de género y diferenciarla de la crítica política legítima, garantizando que la prevención y sanción sean compatibles con la libertad de expresión y el debate democrático.

Ante el llamado a las instituciones por parte de la sociedad civil, corresponde actuar, en el ámbito de las competencias que la ley asigna a cada una, para garantizar el ejercicio de los derechos políticos; pues, tal como se encabeza el comunicado, la paridad no es una concesión, sino un mandato constitucional y un derecho político de las mujeres.