No son mil 900 trabajadores, son mil 900 familias

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Opinión
/ 31 enero 2026

En 2025, en el mundo occidental y bajo el marco del modelo de libre mercado se registraron más de 100 mil despidos en más de 200 empresas tecnológicas alrededor del mundo, con recortes en gigantes como Microsoft, Meta, Google, Oracle y otras, muchos impulsados por reestructuraciones vinculadas a IA y automatización.

Amazon por ejemplo despidió a 16 mil empleados, sumando más de 30 mil recortes en meses recientes. Intel continuará con despidos masivos, vienen 4 mil 500 puestos ya en estos días. UPS proyecta eliminar hasta 30 mil empleos —tanto mediante bajas naturales como otros ajustes— tras recortes de decenas de miles de puestos anteriormente. Nestlé: recortará 16 mil puestos a nivel mundial, reflejando presiones económicas más amplias en sectores fuera de la tecnología. Verizon, HP, Microsoft e Intel: todas han anunciado miles de despidos como parte de ajustes estructurales y enfoque en nuevas tecnologías.

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En el sector energético Philips, en el sector financiero Lloyds Bank, en el comercio Target y Walmart, han anunciado miles de despidos en 2026 como parte de esfuerzos por reducir costos o reorientar sus modelos de negocio. En el ámbito automotriz lo han venido haciendo Nissan y Volkswagen de forma permanente y ahora General Motors, Ramos Arizpe. Justo es lo que hemos vivido en esta semana, un proceso de ajustes laborales que ha cobrado factura al empleo de cerca de mil 900 trabajadores como parte de una reconfiguración productiva.

El mercado voraz, por supuesto, ni tuvo, ni tiene, ni ha tenido palabra de honor. Las actitudes son parte de la cadena alimenticia, son parte de la inercia de la mano invisible. Sin lugar a duda lo que estamos viviendo es parte del darwinismo social. No hablamos de más de 100 mil despidos en las empresas donde en este momento priva el modelo de libre mercado, ni de mil 900 trabajadores, como es el caso de GM Ramos Arizpe; hablamos de que cada trabajador detrás de sí carga la misma cantidad de familias.

Hoy los responsables son las reestructuraciones vinculadas a la Inteligencia Artificial, a la automatización, a la implementación de la nanotecnología y la robótica a la reconfiguración productiva. A la incertidumbre económica global, a la inflación y cambios en patrones de consumo que influyen en decisiones de reducción de plantilla en múltiples sectores o como dice el discurso oficial del gobierno de Coahuila al ajuste productivo. Claro, por supuesto, no es la voracidad, la codicia, la utilidad, la eficacia y la eficiencia.

Por supuesto, el fenómeno de los recortes no se limita solo a un sector, a una región o a un país, hay una tendencia de despidos masivos a nivel global; donde el trabajador sigue siendo un artículo de “úsese y tírese”; donde la selección natural y la lucha por la supervivencia son básicos. Donde la búsqueda del interés individual, la competencia, la maximización de las ganancias, la reducción de costos, la flexibilidad laboral, la autorregulación del mercado convierte al trabajador en factor de producción y no en un sujeto social.

Claro está, desde esta lógica, los despidos, cierres de plantas o recortes salariales se interpretan como ajustes necesarios o inevitables para la supervivencia de la empresa. Y que hay de ¿la responsabilidad social, la justicia social, la solidaridad, la corresponsabilidad, el bien común, la empatía, el reconocimiento del otro, la cooperación, la dignidad humana, la subsidiariedad y todas las banderas legitimadoras que ondean las empresas cuando se trata de cantar el canto de las sirenas?

En la óptica de Émile Durkheim, uno de los fundadores de la sociología moderna, el despido masivo constituye una ruptura profunda de la solidaridad orgánica que sostiene a las sociedades modernas. No se trata de un fenómeno aislado, sino de una fractura que impacta al conjunto del tejido social: cadenas productivas, economías locales y servicios comunitarios. Frente a ello, las respuestas institucionales resultan limitadas (gobierno-empresas), pues se enfocan en administrar las consecuencias del daño, sin cuestionar las decisiones estructurales que lo provocan.

El caso de los trabajadores despedidos de General Motors, una vez más, revela una contradicción central: se apela al valor de la solidaridad, pero se acepta como normal un modelo económico que produce exclusión laboral de forma recurrente. Mientras no exista una corresponsabilidad efectiva entre empresas, Estado y sociedad, y mientras las políticas públicas sigan siendo reactivas y no preventivas, la solidaridad seguirá siendo más un discurso que una práctica transformadora.

Así, más que celebrar la existencia de protocolos de acompañamiento, resulta imprescindible cuestionar si estos son suficientes o si simplemente funcionan como mecanismos de contención social ante decisiones empresariales que continúan privilegiando la rentabilidad sobre la dignidad humana. Aunque el discurso oficial presenta los despidos como un “ajuste productivo”, sus consecuencias recaen de manera directa y desproporcionada sobre personas y familias que quedan expuestas a la vulnerabilidad económica y social. No son mil 900 trabajadores, son mil 900 familias.

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La responsabilidad, como afirma Emanuel Levinas, en el caso de los trabajadores de GM, debe de tener el reconocimiento de su vulnerabilidad pues no cabe duda qué han sido tratados como variables de ajuste y subordinados a compromisos políticos y comerciales. Por supuesto, el famoso Protocolo de Acompañamiento, se da cuando el daño está hecho, cuando la dignidad del trabajador se ha vulnerado.

Habrá que recordarle a quienes lo proponen, que la solidaridad auténtica no puede reducirse a mecanismos administrativos, ni a la simple observancia de la legalidad laboral. Indemnizar o reubicar parcialmente a los trabajadores no agota la responsabilidad moral del Estado, ni de la empresa. Cuando las políticas públicas se limitan a amortiguar el impacto social sin transformar las condiciones que generan exclusión, la solidaridad se vacía de contenido y se convierte en un gesto correctivo, más cercano a la gestión del conflicto que a la justicia social. Así las cosas.

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