Paro Judicial: El fin de la certidumbre en México

Por Irene Muñoz

El paro nacional indefinido de jueces y magistrados en México ha encendido las alarmas a nivel nacional e internacional, señalando una crisis institucional de proporciones preocupantes. Este movimiento, respaldado por la abrumadora mayoría de mil 202 de mil 403 juzgadores, en una votación virtual ante notario público, no es sólo una protesta; es un grito desesperado de un Sistema Judicial que ve su independencia amenazada por la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena.

La decisión de cerrar tribunales en al menos 29 estados no puede subestimarse. Este acto representa un golpe profundo al corazón del Estado de derecho en México, con potenciales consecuencias devastadoras para la economía del país. En un mundo donde la certidumbre jurídica es esencial para atraer y mantener inversiones, la paralización del sistema judicial mexicano envía un mensaje claro de inestabilidad, lo que podría alejar a inversionistas tanto nacionales como internacionales.

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En cualquier economía moderna, la estabilidad jurídica es fundamental. Los inversionistas necesitan operar en un entorno donde las reglas sean claras y los mecanismos para resolver disputas estén bien establecidos y sean predecibles. Cuando estos pilares se ven interrumpidos, como ocurre ahora en México, la incertidumbre que surge puede ser letal para la inversión.

La historia ofrece lecciones claras sobre las consecuencias de una crisis judicial. Durante los años 2000 en Argentina, la intervención política en el sistema judicial erosionó la confianza en el Estado de derecho, provocando una drástica caída en la inversión extranjera directa y una fuga masiva de capitales, lo que agravó la ya delicada situación económica del país. Si México no logra preservar la autonomía de su poder judicial, podría encontrarse en un camino similar.

Uno de los aspectos más polémicos de la reforma propuesta por López Obrador y su partido Morena es la elección de jueces y magistrados por voto popular. Esta medida, presentada como un esfuerzo por democratizar el sistema, ha sido vista por muchos como un intento de politizar los tribunales. En un sistema judicial politizado, las decisiones de los jueces podrían estar más influenciadas por intereses partidistas, políticos o la presión de las mayorías populares que por el derecho y la justicia, socavando la esencia misma del sistema legal.

El ejemplo de Polonia en la última década es otro recordatorio histórico inquietante de lo que puede suceder cuando se politiza el sistema judicial. Bajo el gobierno del partido Ley y Justicia, las reformas judiciales en Polonia han debilitado gravemente la independencia de los tribunales, generando tensiones internas y conflictos con la Unión Europea. La percepción de un sistema judicial imparcial se deterioró, afectando negativamente el clima de inversión y la reputación del país como un lugar seguro para los negocios.

En este contexto, el paro de jueces y magistrados, sumado al paro de trabajadores del Poder Judicial iniciado el 19 de agosto de 2024, sitúa a México en una encrucijada crítica. Aunque la reforma judicial pretende, según el gobierno, eliminar la corrupción y los privilegios dentro del Poder Judicial, los métodos propuestos han generado más desconfianza que confianza. La idea de un sistema judicial controlado por intereses políticos, en lugar de regido por la ley, es una receta segura para la inseguridad jurídica.

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La comunidad internacional está observando con atención lo que ocurre en México. La parálisis judicial y la posible politización del sistema legal son señales de alerta para los inversionistas, que podrían reconsiderar su interés en el país. En un entorno global, donde las economías compiten intensamente por atraer capital extranjero, cualquier indicio de inestabilidad puede tener consecuencias desastrosas.

Sin confianza en la imparcialidad de los tribunales, las empresas y los inversionistas pueden optar por llevar su capital a mercados más estables, provocando una desaceleración económica, la fuga de capitales, y una reducción en la creación de empleos. A largo plazo, esta situación podría agravar la desigualdad y frenar el desarrollo sostenible del país. Si México desea mantener su atractivo como destino de inversión, debe garantizar la independencia de su sistema judicial y evitar cualquier medida que pueda interpretarse como un intento de controlar políticamente los tribunales. De lo contrario, las consecuencias podrían ser graves y duraderas, afectando no sólo a la economía, sino también a la sociedad por la pérdida de la confianza de la ciudadanía en sus instituciones democráticas.

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