Después de la elección pasada y bajo el supuesto de que la Constitución se aplicaría respecto a la representación proporcional en la Cámara de Diputados, favorecedora al oficialismo, aquí señalamos que cuando las instituciones pierden capacidad para canalizar la resistencia al poder, se abre el espacio para la lucha fáctica, al margen de las normas y de la civilidad propia de la democracia.
El oficialismo afirma que el paro de los trabajadores del Poder Judicial es ilegal y que es esencialmente una acción política. Tiene razón, es fáctica y es política, pero cuando alguien está por perder sus derechos elementales, uno de los más importantes −su trabajo−, y no existen vías legales o formales para defenderse, ni siquiera para canalizar su rechazo, es inevitable que la lucha se traslade a la calle. En este sentido, por su experiencia, López Obrador está entrampado y falazmente dice que los trabajadores están haciendo el juego a los que controlan y dominan el Poder Judicial con propósitos eminentemente de corrupción.
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La medida del Presidente de lo que debe ser un buen juez es la ministra Lenia Batres, cuya designación fue unilateral por la falta de acuerdo en el Senado. La parcialidad característica de López Obrador está en todo: en el gobierno, en los órganos electorales, en la asignación de presupuesto, en los órganos autónomos, incluso en funciones que comprometen su esencia, como la judicial. Un juez parcial, aunque invoque la más elevada de las causas niega la esencia de la justicia.
El Presidente les dice a los trabajadores que la reforma no les perjudica. ¿Cómo creerle cuando un día y otro también los calumnia y los califica como un grupo de corruptos al servicio del dinero? ¿Acaso no se da cuenta que su credibilidad llega hasta donde está el interés del ciudadano amenazado o afectado por sus determinaciones? Se entiende que los legisladores afines a Morena, por disciplina, porque el mandato que les concede el voto los empodera, por el fervor que les inspira el Presidente participen de la obediencia respecto a una reforma contraria a lo que se dice que pretende, abre la puerta grande a la arbitrariedad y deja a todos en estado de indefensión. Pero ¿por qué esperar sometimiento de los afectados? Ni siquiera se acepta el sacrosanto derecho al pataleo.
Lo que viene va por ese curso. La política corre el riesgo de transitar por la vía de los hechos, y no es promisorio. Quien tiene el garrote y el presupuesto, la autoridad, tiene todo a su favor, pero descompone la paz social y el consenso en torno al régimen y a su Presidente. Cuando la política se sale de cauce, la represión está a la vuelta de la esquina. Por ahora ha sido selectiva y bien planeada, pero cuando el descontento se amplía o generaliza, el uso de los medios coercitivos se vuelve inevitable e indiscriminados.
Los ganadores asumen que el resultado de la elección les regaló el país y pueden hacer con él lo que les viene en gana. El maximalismo de López Obrador es su esencia, pero él se va y con ello cambian las condiciones de control político y consenso prevalecientes desde que ganó la elección. Las coordenadas de la economía, de la política, de la legalidad, inseguridad y violencia, así como de las instituciones del bienestar y no se diga la relación con el país vecino son muy diferentes a hace seis años. Frente a las dificultades y el costo social y económico para enfrentarlas, inevitablemente afectará las condiciones del consenso sobre el gobierno. Bajo estas circunstancias sería un riesgo mayor proceder a la devastación del régimen democrático.
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El régimen tiene el control del Congreso, de casi todos los medios y previsiblemente pronto lo tendrá también de las instancias judiciales. Faltaría cambiar las reglas referentes a los órganos electorales, por ahora ya colonizados, así como excluir de la representación política a la pluralidad, propuestas en la iniciativa de reforma constitucional del presidente López Obrador. Difícil que esto pueda materializarse sin comprometer la estabilidad política y abrir la puerta a la resistencia social.
La oligarquía, particularmente aquellos que generan grandes utilidades a partir de las concesiones, permisos y contratos del gobierno, hasta hoy ha sido el cómplice mayor del régimen. Pero el negocio se acaba cuando la política transita a la confrontación y a la inestabilidad porque quienes gobiernan no entienden que la democracia implica límites, contrapesos y reglas que dan expresión a la diversidad y cauce al descontento. Pronóstico: escenario presentado aquí hace meses.
