Pemex y CFE, empresas públicas estratégicas
En el año 2013 se acordaron las “reformas estructurales” del PRIAN, con el apoyo del entonces PRD, entre éstas la reforma energética, con la fragmentación corporativa de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, instituyéndolas como empresas productivas del Estado para efecto de insertarlas en el mercado de electricidad y de hidrocarburos en condiciones de competencia con empresas privadas.
El cambio no fue menor dado que se les eliminó la categoría de estratégicas para el Estado, es decir, para objetivos propios y ulteriores para el desarrollo del país. Eran los tiempos del Estado gerencial de libre mercado, a efecto de facilitar inversiones y negocios, inclusive con los recursos naturales antes estratégicos.
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Con otra perspectiva ideológica y política, en el recién concluido gobierno de Andrés Manuel López Obrador dos veces se intentó retornar a CFE y Pemex como empresas públicas, sin embargo, con sólo la mayoría simple de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión y la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el objetivo se obstaculizó.
De ahí el ya famoso Plan C para obtener la mayoría calificada en el Congreso en las pasadas elecciones federales y, ahora sí, aprobar las 12 reformas que se presentaron a las cámaras de legisladores en el mes de febrero de este año.
Otros tiempos
Con 350 votos a favor y 111 en contra, el pasado 10 de octubre la Cámara de Diputados aprobó reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, con el fin de que Pemex y CFE tengan el carácter de “empresas públicas del Estado”, estableciendo a ésta última como preponderante en el sector eléctrico, para orientar sus respectivos mercados, garantizar el abasto y precios justos, además, contener el aumento de precios en caso de contingencias, como ha sucedido en países y regiones del mundo, como Europa.
Alonso Romero (La Jornada, 10-10-24) señala que en países donde se liberalizó el mercado energético, como Alemania y Reino Unido, los precios de electricidad residencial son cuatro veces más altos e industrial 40% más elevados que en países con empresa estatal mayoritaria y con política orientada a la soberanía energética, como Francia y Corea del Sur.
El segundo gobierno de la Cuarta Transformación argumenta que el acceso a las energías, sobre todo la electricidad, es un derecho humano que se debe garantizar.
Con 54% de industria eléctrica para CFE y 46% para empresas privadas, se pretenden precios justos para electricidad y combustibles, además respetar los contratos ya existentes de inversión privada, pero con orden y planeación estratégica orientada por el gobierno federal, como el auto abasto, para evitar abusos y prácticas predatorias entre empresas.
Dos asuntos para analizar.
A reserva de casi 25% de reducción (32,900 millones de dólares), la deuda de Pemex asciende a 126.4 millones de pesos, pasivos que asumirá la hacienda pública, lo que pudiera afectar negativamente la calificación riesgo del país, de ahí la necesidad de garantizar reducción periódica del déficit fiscal de 5% a 3.5% del producto interno bruto, el aumento permanente de recaudación contributiva y pago de compromisos financieros, variables fiscales que, entre otras, revisarán las agencias calificadoras.
Por otra parte, con el argumento de abrir el mercado a la iniciativa privada, se eliminó la rectoría del Estado en la transición a energías limpias (con políticas en ciencia, tecnología e industria, necesarias para la sustentabilidad), con lo cual, argumenta la oposición, será recurrente el uso de carbón y combustóleo, con efectos contaminantes.
En todo caso, ya sea que se corrija en el Senado o permanentemente en la operación, se deberá revisar continuamente que el propio Estado oriente dicha transición, para evitar reclamos publicitarios de trasnacionales y de la derecha académica, mediática y política. Cambio de régimen. Con el retorno de las empresas públicas estratégicas, continúa la construcción del Estado de bienestar con responsabilidad social.
