Poder Legislativo de Coahuila: ¿es caro o es uno muy barato?

Los adjetivos calificativos, en idioma español, comparten una particularidad: requieren de la comparación para establecer con claridad de qué se está hablando. Así, para saber si algo es caro o barato, es necesario compararlo con algún estándar o ubicarlo en un contexto que permita dimensionar aquello de lo que se está hablando.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al costo presupuestal que implica el Poder Legislativo de Coahuila y que, de acuerdo con el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2025, elaborado por el Inegi, se ubica como uno de los más “austeros” del país.

Según se consigna en el reporte señalado, el Congreso del Estado costó, en el año 2024, un total de 206.5 millones de pesos, lo que lo coloca como uno de los más “baratos”, solamente por arriba de los montos ejercidos en Puebla, Colima, Yucatán y Campeche.

Esta primera comparación, sin embargo, no deja claro si las 25 personas que toman decisiones en nuestro nombre, así como el equipo humano requerido para su operación, tienen un costo anual que pueda considerarse “barato”. Y es que para eso no basta simplemente comparar presupuestos con otros estados.

En otras palabras: que una institución pública tenga un presupuesto pequeño –en comparación con otras de similares dimensiones y funciones– no implica que sea “barata”. Para poder decir eso, sería necesario que el análisis se realice en términos de productividad y satisfacción ciudadana.

Y en ese sentido, si una institución pública mexicana suele obtener calificaciones reprobatorias por parte de la ciudadanía, esa es justamente la relativa a la representación popular en los congresos y los cabildos. Hay razones para ello, desde luego, pues percibir la importancia de contar con una representación permanente es difícil.

Aún más: percibir la utilidad práctica y real de quienes nos representan en un órgano colegiado como el Poder Legislativo resulta complicado, sobre todo porque quienes ostentan dichas posiciones no suelen hacer prácticamente nada para demostrarlo.

No es que en el diseño legal y político de la división de poderes eso no esté claro. Lo que ocurre es que la institucionalidad que establece nuestra Constitución, así como las leyes que rigen el funcionamiento de tales órganos del poder público, no es llevada a la realidad... o al menos no de una forma que resulte satisfactoria para el ciudadano.

Así pues, aun cuando en términos estrictamente numéricos y en comparación con otros congresos estatales, el nuestro pueda considerarse “barato”, la realidad es que, debido a que el comportamiento de sus integrantes deja mucho que desear, en realidad es una institución cara.

En esencia, por cierto, no se trata de que consuma menos recursos, sino de que valga lo que cuesta.