Saltillo: El diésel y la presión sobre la tarifa del transporte

El alza en el precio del petróleo, siempre lo hemos sabido, representa un riesgo de presión inflacionaria, porque muchos sectores de la economía son impactados por la fluctuación en el precio de los combustibles. La razón de ello es simple: pese a los avances que hemos registrado en el terreno de la electromovilidad, el transporte de personas y mercancías todavía implica el consumo de enormes volúmenes de combustibles fósiles.

No es casual, por ello, que una de las preocupaciones fundamentales del Gobierno de la República haya sido, en las últimas semanas, el incremento en el precio del diésel. Debido a ello, se han emprendido acciones para su contención, aunque su eficacia no es –y no será– la deseada.

Debido a esto último, como se consigna en el reporte que publicamos en esta edición, los concesionarios del servicio de transporte local han comenzado a resentir el incremento que dicho combustible ha sufrido a partir de la volatilidad internacional en los precios del crudo, derivado de la guerra en Irán.

La ecuación es simple: si el combustible sube de precio, automáticamente los costos de operación de las unidades del transporte público se incrementan y el margen de utilidad se reduce. De allí a que los concesionarios planteen la necesidad de un incremento en la tarifa sólo hay un paso.

Y es que, de acuerdo con el director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), Víctor de la Rosa Molina, el combustible representa, en Saltillo, entre el 40 y el 42 por ciento del costo total de operación de una ruta urbana.

Sin embargo, antes de afirmar que el problema es uno de simple lógica, debe tenerse en cuenta que la situación descrita solamente evidencia uno de los problemas de fondo del sistema de transporte público: está diseñado para que “sea rentable”, es decir, para que genere ganancias a los concesionarios privados.

Así pues, cuando los concesionarios hablan hoy de la “necesidad” de un incremento en la tarifa, lo que están intentando defender es su margen de utilidad, es decir, el dinero que cae diariamente a sus bolsillos, merced a la operación de un sistema que, más allá del peso que tiene en su esquema de costos el precio del combustible, ha sido pervertido a lo largo de los años.

El fenómeno obliga a poner sobre la mesa, una vez más, lo que han dicho múltiples voces en el pasado reciente: en tanto prevalezca el esquema de concesiones, que se conciben como un negocio de particulares, será imposible construir un sistema de transporte moderno, eficiente, seguro y asequible.

Y no es que se mienta cuando se dice que el alza en el diésel presiona el esquema de costos de los transportistas; es que si la mira está puesta en las ganancias de quienes detentan las concesiones, difícilmente puede pensarse el tema con una lógica distinta a la del incremento de tarifas.

La situación debiera conducirnos por ello a ventilar el tema con miras a resolverlo de fondo, en lugar de seguir bordeando sobre un esquema que es financieramente inviable.