Poder Legislativo: ¿es un ejemplo de legalidad?

“Cumplir y hacer cumplir la Ley”. Ese es el principal compromiso que establece una persona cuando accede a un cargo público. Y hacer dicho juramento debería ser mucho más que una fórmula protocolaria con la cual se cumple “para la foto”.

Sujetarse con rigor a la norma pública tendría que ser una vocación permanente de quienes ostentan el poder público. Todavía más cuando se es integrante del cuerpo colegiado responsable de diseñar y aprobar las leyes que, se espera, respeten los ciudadanos de a pie.

De la misma forma, tendría que ser algo normal el que las instituciones públicas sean las primeras en someter al orden a cualquiera de sus miembros que se aparten de él. Dejar de hacer tal –como es el caso de nuestro país– implica construir un esquema de complicidades que termina pervirtiendo el servicio público.

De espaldas al ideal planteado, lo que solemos ver de forma cotidiana es cómo los primeros en violar las leyes a las cuales se encuentran sujetos son precisamente los servidores públicos. Y lo hacen justamente porque rara vez –muy rara vez– sufren alguna consecuencia por ello.

Y esto es así, porque en el servicio público mexicano lo que prima es la complicidad, el “hoy por ti, mañana por mí”, la componenda que asegura la violación impune de las reglas. Se trata de una realidad que se mantiene sin importar las siglas partidistas a las cuales se suscriban los políticos.

Hacer hincapié en lo anterior es importante para evaluar en su justa dimensión lo ocurrido ayer, en el Congreso de Coahuila, cuando el diputado local petista, Antonio Flores Guerra, fue suspendido en sus funciones por la Junta de Gobierno del citado órgano colegiado.

La suspensión, se informó de manera oficial, tuvo como fundamento el hecho de que Flores Guerra se ausentara de las sesiones correspondientes a los días 28 de abril y 4, 12 y 18 de mayo. Tales faltas actualizan una regla constitucional que autoriza a la Presidencia del Congreso a convocar a su suplente. Sin embargo, en cada una de las sesiones referidas, la presidencia de la mesa directiva informó al pleno que la ausencia del petista estaba justificada.

La realidad, que puede ser verificada en redes sociales, es que Flores Guerra se encontraba en campaña y la “justificación” de la ausencia fue que, justo los días de sesión –y sólo esos– le aquejó un problema de salud que le impidió trasladarse a Saltillo a cumplir sus funciones.

Porque, a diferencia de otros compañeros suyos que buscaban la reelección, Flores Guerra decidió no separarse de su curul, lo cual es legal, pero sólo a condición de que asistiera a las sesiones.

Al final, lo que queda flotando en el ambiente es que la decisión tomada ayer sienta un nocivo precedente porque no se trata del escrupuloso cumplimiento de la Ley, sino del uso faccioso de las instituciones para dirimir diferendos políticos. A nadie le viene bien esa realidad.