Saltillo y la desigualdad: arriba y abajo

En Saltillo sabemos qué significa decir “arriba” y “abajo”. No hace falta un mapa para entenderlo. Es una expresión cotidiana que, además de señalar una ubicación, terminó incorporando diferencias de vivienda, servicios, escuelas, comercios, movilidad y, sobre todo, capacidad de compra. En estos tiempos implica también quién puede vivir cerca de las oportunidades y quién tiene que pagar la distancia.

Desde 2017, el Instituto Municipal de Planeación (Implan) ya advertía una fuerte diferencia en el precio de la vivienda en Saltillo: mientras en el suroriente se encontraban propiedades de alrededor de 195 mil pesos, en el centro-oriente podían alcanzar los 10 millones, y del norte, ni hablemos. Casi una década después, la brecha no ha desaparecido; por el contrario, los precios siguen aumentando. En 2025, la vivienda en Saltillo subió alrededor de 9.5 por ciento, una señal de que cada vez cuesta más comprar un lugar en la ciudad.

Además, habría que agregar una particularidad: su mercado inmobiliario está estrechamente ligado al crecimiento industrial. Mientras el norte ha concentrado históricamente más plusvalía y vivienda de mayor precio, el crecimiento se desplaza también hacia el sur y el poniente, particularmente alrededor de Derramadero, donde operan cerca de 35 plantas industriales y trabajan alrededor de 15 mil personas. La ecuación es sencilla: industria, trabajadores, vivienda e infraestructura aumentan el valor del suelo.

La pregunta es inevitable: ¿quién puede seguir ese ritmo y quién queda fuera? Porque la desigualdad territorial no es sólo resultado del mercado; también refleja decisiones políticas acumuladas sobre suelo, fraccionamientos, vialidades, infraestructura y servicios. Ningún alcalde es responsable por sí solo, pero tampoco llegamos aquí por accidente. Las ciudades son, en buena medida, el resultado de las decisiones de sus gobiernos.

Durante años hemos reaccionado al crecimiento en lugar de anticiparlo, sobre todo cuando los intereses se imponen al bien común. Primero llegan los fraccionamientos y la industria; después, el agua, el transporte, las escuelas y los servicios. Primero levantamos la ciudad y luego intentamos hacerla funcionar. El costo lo paga el ciudadano, porque una vivienda no se mide sólo por su precio, sino también por su ubicación, tiempo de traslado, transporte y acceso a servicios. Aquí la pregunta tendría que ser: ¿cuánto cuesta vivir cerca de las oportunidades?

Una vivienda puede ser más barata en la periferia, pero esa diferencia termina pagándose en gasolina, transporte, tiempo y cansancio. Lo que se ahorra en metros cuadrados se compensa en kilómetros recorridos. Ahí la brecha económica se convierte en desigualdad urbana. El niño que vive cerca de una buena escuela tiene una ventaja. La familia que vive cerca de su empleo, también. Quien dispone de transporte eficiente tiene otra.

Aquí aparece una responsabilidad que no deberíamos esquivar. Saltillo no creció solo: alguien decidió dónde llevar las vialidades, autorizar desarrollos, extender servicios, definir usos de suelo y qué zonas convertir en corredores de inversión. Ahí aparecen gobiernos y empresarios, que en muchos de los casos son los mismos. El problema comienza cuando el interés privado termina marcando el rumbo de la ciudad y la política pública se limita a acompañarlo sin repensarlo, como ocurre en este caso.

Una vialidad, un cambio de uso de suelo o una nueva zona industrial pueden generar desarrollo, pero también elevar el valor del suelo y producir ganadores y perdedores. Nada de ello es ilegal, pero tampoco políticamente neutro. Por eso, la responsabilidad del gobierno no es impedir la ganancia, sino evitar que el desarrollo de unos termine convirtiéndose en la exclusión de otros.

El sector empresarial también tiene responsabilidad: no basta con generar empleos e inversión si quienes producen esa riqueza no pueden vivir dignamente en la ciudad que contribuyen a construir. La verdadera pregunta es: ¿de qué sirve generar riqueza si quienes la producen no pueden pagar la ciudad? El mercado puede fijar el precio del suelo, pero el gobierno debe decidir qué ciudad se construye alrededor de él: vivienda accesible, transporte, infraestructura, escuelas, parques y servicios. De lo contrario, podemos tener una ciudad competitiva hacia afuera y cada vez más desigual hacia adentro, donde los jóvenes no pueden comprar vivienda y miles de trabajadores pierden horas en traslados.

Se puede asumir y presumir crecimiento y, al mismo tiempo, estar fabricando desigualdad. Saltillo no tiene dueños. Pero sí existen actores –políticos, desarrolladores, propietarios de tierra e inversionistas– con mucha más capacidad que el ciudadano común para influir en su futuro. Porque una ciudad no se divide solamente por sus calles –arriba y abajo–, se divide por sus casas, sus distancias, sus tiempos y sus oportunidades.

Uno puede vivir a 15 minutos de su trabajo; otro puede necesitar hora y media. Uno puede caminar hasta una escuela o un parque; otro necesita automóvil para casi todo. Esto afirma el Saltillo desigual de los de arriba y los de abajo. No porque unos sean mejores que otros, sino porque el poder adquisitivo comienza a determinar dónde puede vivir cada persona y qué oportunidades puede alcanzar, haciendo más evidente el clasismo y el elitismo, que nos agrada a muchos y no podemos evitar, pero que es fomentado por los tomadores de las decisiones.

Y aunque la determinación conceptual de “los de arriba y los de abajo” haya sido en un principio un tema meramente geográfico, hoy social y adquisitivamente nos coloca ante la disyuntiva de un Saltillo que puede seguir creciendo, pero donde se debe poner sobre la mesa si ese desarrollo ampliará las oportunidades o simplemente encarecerá la ciudad. Cuando el precio decide quién puede vivir dónde, la distancia entre el arriba y el abajo deja de ser geográfica y se convierte en social. Así las cosas.